La detención de Sosa es parte de un patrón más amplio de restricciones a la libertad de expresión en la isla.
Medios independientes señalan que ciudadanos que publican contenidos críticos en redes sociales han sido citados, interrogados o encarcelados por “analizar” la economía o manifestar descontento sin recurrir a la violencia ni la conspiración.
William Sosa Marrero, un cuentapropista residente en la provincia de Las Tunas, que en plena crisis sanitaria del 2021 se convirtió en actor inesperado de un gesto colectivo al fabricar, con coste de su bolsillo, equipos de protección, enfrenta hoy la acusación del Estado por sus publicaciones críticas en redes sociales.
Cuando la pandemia de COVID-19 alcanzaba niveles críticos y en el país se carecía de máscaras de protección, él organizó la fabricación de cientos de ellas y las donó a trabajadores de la salud. Fue reconocido públicamente por ello, incluso apareció en medios estatales que destacaban su aporte. Pero hoy ese mismo hombre está detenido. El contraste resulta tan evidente como doloroso: del aplauso por salvar vidas a la detención por interpretar lo que el régimen considera una amenaza.
En los meses más duros de la pandemia de covid-19, William Sosa puso su pequeño taller al servicio comunitario. En un contexto donde abundaban las imágenes de hospitales sin insumos, él logró movilizar materiales, adaptar equipos y suministrar protección básica a quienes se exponían en primera línea.
Su iniciativa fue cubierta por medios oficiales, lo que le otorgó visibilidad y cierta legitimidad social como “hombre de bien” que respondía al deber de asistir. Entre paredes de plástico y respiradores rudimentarios, su figura parecía la de un ciudadano comprometido con su entorno.
Esa legitimidad pública contrastaba con la situación general de la economía cubana: escasez, apagones, carencias sanitarias y fatiga social. En ese entorno, su gesto ganó relevancia y le entregó cierto capital de reputación. Era un microrelato de solidaridad en medio del colapso.
Cuatro años después, Sosa trasladó su mirada crítica hacia la realidad económica y política del país. En su perfil de Facebook empezó a publicar análisis sobre inflación, reformas económicas, impacto de las sanciones, y el desastre que dejó el huracán Huracán Melissa en la isla.
Esos textos, ninguno de ellos, hasta ahora, no parecen contener insultos directos ni convocatorias a la violencia, sino reflexiones con datos y tono ciudadano, pero…
Medios independientes y redes sociales registran que, el 12 de noviembre de 2025, Sosa fue detenido en Las Tunas acusado de “desobediencia” —según la citación administrativa que le fue entregada— luego de haber sido advertido previamente por la Seguridad del Estado de cesar sus críticas en redes sociales. Posteriormente trasladado hacia un centro penitenciario, presuntamente en espera de juicio.
En un documento —difundido por su familia y con fecha 24 de mayo de 2025— se habla de “publicaciones en su perfil de Facebook … con mensajes hipercríticos y «subliminares» (sic), que dejan mensajes de cuestionamiento contra nuestros principales dirigentes sin estar facultado para ello”. Es decir: el Estado interpreta que ejercer el derecho a criticar, incluso de forma indirecta o “sutil”, es una amenaza que requiere respuesta; y que no todos estarían «facultados» para hacerlo.
La lógica es clara: si alguien pasó de héroe –por fabricar máscaras– a sospechoso –por hacer crítica– entonces lo que cambia no es el ciudadano, sino el horizonte de tolerancia que el poder determina.
Yulieta Hernández Díaz, emprendedora cubana y amiga personal de Sosa, compartió en su perfil de Facebook la imagen de la “advertencia oficial” contra William Sosa como una prueba, en pleno 2025, de que en Cuba no existe libertad de expresión real.
Su post es más una pregunta que una afirmación directa: “¿tenemos o no libertad de expresión?”, acompañada de banderas y emojis que mezclan patriotismo, angustia y oración.
En torno a esa pregunta se arma un coro: algunos le recuerdan enlaces donde se analiza el documento, otros dicen sin rodeos que en Cuba nunca ha habido libertad de expresión y que lo que vive William es la confirmación de que el país se mueve como una dictadura. Hay quien lo lleva al terreno teórico, explicando la paradoja de un Estado que se reclama humanista y, a la vez, criminaliza la crítica, y quien cita la Declaración Universal de Derechos Humanos para demostrar que se están violando garantías básicas. La sensación general en los comentarios es de indignación, tristeza y cansancio: no solo por lo que le pasa a William, sino porque lo ven como síntoma de un sistema que no tolera la discrepancia.
En el muro de José Ángel García Veloso, por otra parte, el tono es parecido, pero entra por el carril jurídico.
García Veloso califica la advertencia como una aberración en un Estado que se autodefine “de derecho” y afirma que el documento en sí es prueba de un delito: el de impedir que un ciudadano ejerza el derecho constitucional a criticar a sus dirigentes.
Se burla, con preocupación, de la idea de que haya que estar “facultado” para cuestionar al poder y reclama a sus colegas juristas que dejen de mirar para otro lado y se hagan cargo de estas barbaridades legales que tienen consecuencias muy concretas sobre personas como William Sosa.
Los comentarios que recibe refuerzan esa línea: hay colegas que confiesan su decepción con la cobardía del gremio jurídico, otros recuerdan que el aparato legal en Cuba siempre termina sirviendo al Estado y no al ciudadano, y varios insisten en que la Constitución, tal como se aplica, es “solo un papel” que ni siquiera sirve para defender los derechos más elementales. Entre la rabia y la resignación, se repiten mensajes de apoyo a William, llamados a no normalizar estas violaciones y la idea de que, si por esto te pueden llevar a prisión, nadie está realmente a salvo.
Más allá de su persona – y de la falta de ortografía enorme de quien escribió «la carta» fechada en mayo – este caso revela una tensión fundamental: el ciudadano que piensa, reflexiona y publica deja de ser visto como actor de sociedad y pasa a ser considerado “desobediente” si lo hace sin la aprobación o control del poder. En ese sentido, la acusación de “mensajes subliminares” (sic) funciona como etiqueta preventiva: no se necesita decir “alzarse” para que sea sancionable; basta con cuestionar “sutilmente”.
Más allá de esa «manifestacióna imagen de Sosa no es la de un activista orgulloso con megáfono, sino la de un hombre sencillo, con taller, con familia –con hijo que lo denunció– y con redes de seguidores que valoraban sus análisis. Su detención, acompañado de la medida de prisión provisional, tiene un efecto simbólico: la señal de que no sólo los grandes adversarios están en riesgo, sino también los ciudadanos relativamente “inocuos” que opinan.
El silencio que se instala entonces en su hogar —y en otros hogares— no es solo el de la espera de un juicio, sino el de la incertidumbre sobre cuántas palabras más se pueden pronunciar antes de que alguien considere que cruzan el límite.
La paradoja de William Sosa —delogiado por salvar vidas al acusado por ejercitar la libertad de pensamiento— ilustra una regla amarga de la contemporaneidad cubana: no basta con ayudar al otro, al sistema le importa más que no critiques al poder. Y cuando se critica, aunque sea desde el análisis respetuoso, el sistema sospecha y actúa. Este caso pone en evidencia que la legitimidad no está en el gesto solidario, sino en la obediencia. El ciudadano que actúa bien pero piensa libremente representa un peligro mayor que el ciudadano que simplemente calla. Y si alguna vez hubo margen para opinar sin romper cristales, ese margen parece haberse cerrado.
El futuro de Sosa —y de muchos otros— será en buena medida una pregunta sobre si la libertad de expresión será defendida como derecho de hecho, o seguirá siendo una concesión sujeta al buen comportamiento. En el entreacto del país que sufre, la palabra “subliminar” ha dejado de sonar inofensiva y se ha convertido en una cápsula de advertencia, aunque siempre, siempre será una falta de ortografía y más, en todo el sentido de la palabra.
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