El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes 1 de mayo una orden ejecutiva que amplía el alcance de las sanciones contra el régimen cubano.
Según declaró a la agencia Reuters un funcionario de la Casa Blanca, la medida tiene que ver con que “Cuba ofrece un entorno propicio para operaciones hostiles de inteligencia extranjera, militares y terroristas a menos de 160 kilómetros del territorio estadounidense”.
En concreto, la orden “Imponer sanciones a los responsables de la represión en Cuba y de las amenazas a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos” autoriza el bloqueo de bienes y la prohibición de transacciones con personas y entidades vinculadas a sectores clave de la economía cubana.
De acuerdo con lo que determina el documento, “todos los bienes e intereses en bienes que se encuentren entonces en Estados Unidos, que en adelante ingresen al país, o que estén bajo el control de cualquier persona estadounidense” de individuos designados “quedan bloqueados y no pueden ser transferidos, pagados, exportados, retirados ni objeto de ninguna otra transacción”.
De esta manera, Washington permite que sea sancionada cualquier persona extranjera determinada por el Secretario de Estado, en consulta con el Secretario del Tesoro; o por el Secretario del Tesoro, en consulta con el Secretario de Estado; o que opere o haya operado en sectores como energía, defensa, metales, minería, servicios financieros o cualquier otro ámbito de la economía cubana determinado por las autoridades estadounidenses.
La sanción apunta a quienes “hayan prestado asistencia material, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico para, o bienes o servicios o en apoyo del gobierno de Cuba”; a líderes, funcionarios, oficiales superiores o miembros de la junta directiva de La Habana; a subdivisiones políticas, agencias o instrumentalidades gubernamentales; y a responsables o cómplices de, o haber participado o intentado directa o indirectamente participar en, “abusos graves de los derechos humanos en Cuba”.
La orden afecta a funcionarios, directivos o miembros de entidades estatales cubanas, así como a personas consideradas responsables de actos de corrupción, incluyendo “la malversación de bienes públicos, la expropiación de bienes privados para beneficio personal o fines políticos, o el soborno”.
Igualmente, el documento prohíbe cualquier transacción por parte de ciudadanos o entidades estadounidenses con bienes bloqueados, así como “hacer o recibir cualquier contribución de fondos, bienes o servicios” en beneficio de personas sancionadas.
La administración vetó acciones destinadas a evadir las restricciones o conspiraciones para violarlas y prohibió igualmente donaciones desde Estados Unidos a personas incluidas en la lista, al considerar que dichas transferencias “perjudicarían gravemente” su capacidad para enfrentar la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 14380, firmada por Trump el 29 de enero de 2026, que declara una emergencia nacional respecto a Cuba, calificándola de “amenaza inusual y extraordinaria”.
La medida contempla además la imposición de sanciones secundarias a quienes faciliten transacciones con los individuos o entidades designados, ampliando así el alcance extraterritorial de las restricciones.
