De momento, todo apunta a un episodio donde el rumor corre más rápido que la información oficial. Lo responsable, para las autoridades, sería aclarar si se trata de ejercicios rutinarios, actualización de expedientes o algo más. Y para los convocados, exigir por escrito el motivo, la duración y el estatus de la citación. En un país exhausto por apagones y carencias, cualquier insinuación de “movilización” tiene un eco político y emocional difícil de contener.
El mandatario informó del ataque a través de su red Truth Social, donde aseguró que se trataba de “narcoterroristas confirmados” que transportaban drogas ilegales, definidas por él como “un arma mortal que envenena a los estadounidenses”.
El sistema —identificado como AL91— se mueve lentamente hacia el oeste, entre 5 y 10 millas por hora, y de mantener la organización podría estar cerca de las Antillas Menores a mediados o finales de la próxima semana.
La advertencia del Pentágono tras el sobrevuelo de los F-16 venezolanos no es un gesto aislado, sino el capítulo más reciente de una partida que mezcla política doméstica en Washington, la legitimidad internacional del uso de la fuerza y el control —cada vez más militarizado— de las rutas del delito en el Caribe.
Así, mientras las publicaciones de corte especializado subrayan la fidelidad del mercado canadiense y la inversión en renovaciones hoteleras, los reportes independientes apuntan a que las condiciones internas del país siguen minando la experiencia de los viajeros y, por tanto, restando atractivo al destino.
La controversia no se limita a Jamaica. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, también rechazó las acusaciones y afirmó que su país cumple con los estándares internacionales de trabajo. “Aquí no hay trata ni trabajo forzado. Les pagamos bien, tienen vacaciones, pueden entrar y salir del programa”, declaró Gonsalves, citado por The Guardian.
La controversia sobre las brigadas médicas cubanas no es nueva, pero en el Caribe la gratitud por su labor sigue siendo predominante. Líderes regionales han dejado claro que continuarán defendiendo su derecho a contratar personal cubano y que estas restricciones no alterarán la cooperación con La Habana.
