El gobierno cubano se encuentra en una encrucijada, intentando equilibrar la necesidad de controlar la economía con medidas que, en muchos casos, parecen desencadenar más problemas que soluciones.
Existe preocupación sobre el impacto en las relaciones laborales y la percepción pública, considerando que algunos críticos ven a los inspectores como un método de represión.
