El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha emitido una decisión que permite a la administración de Donald Trump deportar a migrantes venezolanos bajo el amparo de la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798. Sin embargo, esta autorización viene acompañada de la condición de que los afectados deben recibir una audiencia judicial previa a su expulsión del país.
La sentencia, con una ajustada votación de 5-4, revoca una orden previa de un tribunal federal inferior que había intentado detener temporalmente las deportaciones sumarias basadas en dicha ley. El fallo subraya que, aunque la administración puede invocar esta legislación, es imperativo que los deportados tengan la oportunidad de impugnar su expulsión ante un juez, recoge el diario Al Jazeera.
La Ley de Extranjeros Enemigos, promulgada en el siglo XVIII, otorga al presidente poderes para deportar a ciudadanos de naciones consideradas hostiles durante tiempos de guerra o invasión, señala BBC. En marzo de 2025, el presidente Trump invocó esta ley argumentando que el grupo criminal venezolano Tren de Aragua representaba una amenaza de invasión para Estados Unidos.
Esta acción generó una serie de desafíos legales. Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentaron demandas en nombre de migrantes venezolanos detenidos, argumentando que la orden presidencial excedía sus poderes y que la ley solo autorizaba deportaciones en casos de guerra declarada o invasión directa, recoge The Guardian.
El juez James Boasberg, del Tribunal de Distrito de Columbia, emitió una orden temporal bloqueando las deportaciones bajo esta ley, señalando que no existía precedente histórico para tales acciones en ausencia de una declaración formal de guerra. Sin embargo, la administración Trump continuó con las deportaciones, trasladando a cientos de venezolanos a El Salvador, incluso después de la orden judicial, añade AP News.
La reciente decisión del Tribunal Supremo establece que, aunque la administración puede proceder con las deportaciones bajo la Ley de Extranjeros Enemigos, debe garantizar que los migrantes tengan «un tiempo razonable» para comparecer ante un tribunal y desafiar su expulsión. El fallo también indica que los desafíos legales a la aplicación de esta ley deben presentarse en Texas, donde los migrantes están detenidos, y no en Washington D.C.
Esta resolución ha generado reacciones mixtas. Mientras que la administración Trump la considera una victoria para sus políticas de inmigración, defensores de los derechos de los inmigrantes expresan preocupación por el uso de una ley antigua para justificar deportaciones rápidas sin el debido proceso.
Lee Gelernt, un abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, que presentó una demanda contra las deportaciones, dijo que el fallo del tribunal de que los deportados tenían derecho al debido proceso era una «victoria importante». Donald Trump, por su parte, publicó en la red Truth Social: «La Corte Suprema ha confirmado el estado de derecho en nuestra nación al permitir que un presidente, quien sea que sea, pueda asegurar nuestras fronteras y proteger a nuestras familias y nuestro país, un gran día para la justicia en Estados Unidos».
Familiares de los deportados han cuestionado las acusaciones de vínculos con bandas criminales, argumentando que muchos de los deportados no tienen antecedentes penales ni conexiones con grupos delictivos.
La situación sigue evolucionando, y se anticipa que habrá más desafíos legales y debates en torno al uso de la Ley de Extranjeros Enemigos en el contexto actual.
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