Crece vertiginosamente la presencia de financiamiento internacional en Cuba en medio de un panorama interno que no muestra señales de recuperación. Mientras persisten los apagones, el deterioro de los hospitales y la falta de inversiones nacionales, el Gobierno vuelve a apoyarse en fondos externos para mantener en pie su infraestructura básica. Esta vez, el respaldo proviene de Qatar, cuyo Fondo para el Desarrollo (QFFD) anunció la entrega de 4,5 millones de dólares al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destinados a la rehabilitación energética de La Habana, Artemisa y Mayabeque.
El acuerdo, firmado durante el Doha Forum 2025, busca restaurar servicios esenciales que quedaron comprometidos tras el paso de un huracán por el occidente del país. Tanto el QFFD como el PNUD celebraron públicamente la cooperación y destacaron que podría favorecer a más de 2,2 millones de personas. La lectura institucional insiste en que el aporte permitirá que hospitales, centros escolares y sistemas de producción dependientes del suministro eléctrico recuperen niveles mínimos de funcionamiento.
Pero detrás de ese lenguaje diplomático emerge un patrón ya conocido: la ayuda internacional mantiene respirando a un aparato estatal que no logra generar soluciones internas ni encauzar reformas profundas. Aunque se presenta como cooperación humanitaria, este tipo de financiamiento sostiene estructuras ineficientes y refuerza la narrativa de un Estado que sobrevive gracias a la “solidaridad” exterior, mientras la vida cotidiana continúa marcada por colapsos del sistema eléctrico y precariedad creciente.
El financiamiento catarí no es un caso aislado. En semanas recientes, el Programa Mundial de Alimentos distribuyó raciones de emergencia para cerca de 900.000 personas, priorizando a menores, embarazadas y adultos mayores; la Cruz Roja Internacional envió colchones, utensilios y kits de higiene para familias desplazadas en el oriente del país; España hizo llegar 36 toneladas de insumos básicos —alimentos, productos de aseo y materiales escolares— a varias provincias, y una campaña impulsada por Vietnam recaudó más de 170.000 dólares en efectivo y bienes.
Todos esos envíos entraron al país a través de canales controlados por el Estado cubano, sin supervisión independiente, lo que alimenta la sospecha sobre su destino final y la falta de transparencia. Entre tanto, nada indica que estas intervenciones estén acompañadas de cambios estructurales capaces de evitar que un huracán, una avería o una crisis de combustible desaten nuevas emergencias humanitarias.
Mientras el Gobierno suma apoyos financieros que alivian momentáneamente el colapso, la población sigue enfrentando apagones prolongados, falta de medicinas y un sistema energético que avanza, sin freno, hacia una fragilidad cada vez más evidente.
