Varias instituciones estatales de comercio en La Habana están pasando a manos de empresarios cubanos y extranjeros vinculados al gobierno de la isla, en un proceso cuya falta de transparencia es cada vez más notable.
«Están privatizando el país poco a poco y silenciosamente», dijo a 14yMedio una mujer tras constatar el cambio en lo que fuera el Palacio de los Matrimonios de El Vedado, convertido ahora en un atelier italiano que alquila vestidos y trajes de boda a precios inalcanzables.
La sede del negocio enclavado en una vieja casona en 25 y N fue remodelada por un extranjero que estaría al frente de la nueva empresa.
«Lo que me preocupa es que sean ellos mismos los que se estén quedando con las cosas. No se habla nada en los medios estatales ni en la televisión», declaró la clienta al medio independiente cubano.
La misma suerte han corrido cafetearías de las cadenas estatales Sylvain, Rumbo y DiTú, que comercializaban productos en pesos convertibles CUC y terminaron hundiéndose en la quiebra desde hace pocos años, mientras la economía del país caía en picada.
Algunas de esas instalaciones quedaron casi de facto bajo la administración de sus propios trabajadores, quienes intentan mantener una oferta aunque sea limitada, pero en la mayoría de los casos se someten a oscuros procesos de licitación que hacen sospechar de manejos corruptos y favoritismo, ante la falta de información.
Desde marzo de 2021 el Ministerio de Comercio Interior aprobó una normativa para iniciar la privatización de establecimientos estatales de comercio, gastronomía y servicios.
La Resolución 48/2021 estableció un proceso de licitación que debía regirse por principios de transparencia, igualdad de condiciones entre los aspirantes a administrar el negocio y publicidad, o sea, que las acciones y decisiones relacionadas con la entrega del inmueble fueran públicas.
La licitación estaría a cargo de una comisión integrada por los directores del Grupo de Empresas Mayoristas, Grupo Comercializador de Productos Industriales y de Servicios, un representante de la Dirección Estatal de Comercio y del Sindicato, manteniendo un número impar de participantes.
Hasta el momento la prensa estatal cubana no ha publicado un sólo reporte sobre el trabajo de las comisiones encargadas de la adjudicación a empresarios privados de los establecimientos en licitación.
Opositores al gobierno cubano han denunciado lo que denominan un “cambio fraude”, por medio del cual las elites del poder en la isla se estarían repartiendo el pastel —los negocios más rentables— a espaldas del pueblo.
La semana pasada trascendió que Cuba y Rusia crearán un “centro especial” encargado de preparar reformas a la economía de la isla, basadas en el desarrollo de la empresa privada.
De acuerdo con un reporte del medio estatal ruso Sputnik, “la decisión fue anunciada durante la reunión del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, con el comisionado ruso para la protección de los derechos de los empresarios, jefe del Consejo Empresarial Rusia-Cuba, Borís Titov, celebrada en La Habana”.
La prensa oficial cubana tampoco informó sobre el asunto, mientras algunas voces se alzaban contra el plan de privatización “a la rusa”, que beneficiaría a las mafias existentes en Cuba y a los hijos y nietos de funcionarios para crear una oligarquía en la isla similar a los círculos cercanos a Vladímir Putin.
