La tormenta política desatada por la caída del exministro de Economía Alejandro Gil sumó un nuevo capítulo tras una declaración explosiva de Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, que no pasó desapercibida en redes sociales. El joven, famoso por su vida de lujos y sus recurrentes controversias, respondió a una pregunta sobre el caso con una frase que levantó más sospechas que certezas: “La traición se paga con la muerte”.
El comentario salió a la luz gracias al periodista Mario J. Pentón, quien publicó una captura de las historias de Instagram de Sandro. Todo ocurrió en una dinámica de preguntas y respuestas, cuando un seguidor le pidió su criterio sobre la situación de Gil. Sandro arrancó con un aparente gesto de prudencia. “Respeto los asuntos gubernamentales”, escribió, para luego soltar la frase que ha encendido los debates en Cuba y la diáspora.
La reacción fue inmediata. Bastó que Pentón compartiera la captura para que usuarios comenzaran a comentar con ironía, indignación y temor: desde “La traición comenzó el 1ro de enero de 1959” hasta “Los genes no fallan, la sentencia ya está dictada”, pasando por acusaciones directas al propio Sandro: “Eso te pasará a ti también, tenlo por seguro”. El periodista acompañó su publicación con un mensaje lapidario: “Sandro Castro confirma que su familia es un clan mafioso…”.
Mientras las redes ardían, otro frente se abría por una vía mucho más íntima. La hermana del exministro, María Victoria Gil, ofreció una entrevista a Pentón en la que aseguró que su hermano fue víctima de una “trampa” orquestada desde las altas estructuras del poder. Según explicó, fuentes cercanas al gobierno le confirmaron que Gil está acusado de mantener supuestos vínculos con la CIA, algo que la familia rechaza de manera tajante.
Lea más: Sandro Castro concede su primera entrevista: “No me gusta la política, no es lo mío”
María Victoria insistió en que la defensa desmontó uno a uno los señalamientos, aunque esto no evitó que su hermano fuera detenido tras varias citaciones y entregas de documentos. Tanto él como su esposa fueron arrestados y trasladados a una instalación del Ministerio del Interior, donde pasaron cuatro meses. Más tarde, el exministro fue enviado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay.
El expediente que enfrenta el exministro es pesado: espionaje, malversación, cohecho, evasión fiscal, lavado de activos y otros delitos. El juicio concluyó hace diez días, envuelto en un hermetismo absoluto. No hubo prensa independiente, apenas permitieron la entrada de unos pocos familiares, y no trascendió ningún detalle procesal más allá de los testimonios indirectos.
