Jueza federal Indira Talwani, bloquea decisión de Trump y da alivio temporal a miles de cubanos y beneficiarios del Parole Humanitario

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La jueza federal Indira Talwani, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Massachusetts, bloqueó de manera preliminar el intento de la administración de Donald Trump de recortar de forma general el estatus migratorio derivado de programas de parole vinculados a reunificación familiar, una decisión que abre un paréntesis de alivio para miles de personas, incluidos cubanos que ya estaban dentro del sistema y dependían de ese mecanismo para trabajar y sostener su regularización.

La orden, emitida a última hora del sábado 24 de enero, impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ejecutar la terminación que había anunciado para el 14 de enero. El plan del gobierno buscaba poner fin a programas de “family reunification parole” creados o modernizados durante la presidencia de Joe Biden para permitir que familiares de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes esperaran su visa en Estados Unidos, en lugar de hacerlo fuera del país. Según la descripción del caso, el recorte impactaría a más de 8.400 beneficiarios procedentes de Cuba, Haití, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras.

En su análisis, citado por Reuters, Talwani cuestionó que el gobierno sustentara con evidencias suficientes sus alegaciones sobre fraude o fallas del sistema para justificar un recorte masivo, y puso el foco en el daño inmediato que implicaría retirar de golpe permisos y protecciones a personas que ingresaron por una vía autorizada, organizaron su vida en Estados Unidos y dependen del parole para conservar autorización de empleo y estabilidad administrativa mientras el litigio sigue su curso.

Para los cubanos incluidos en esos programas, el efecto práctico es ganar tiempo. La orden no concede residencia ni resuelve el fondo del conflicto, pero evita que la terminación sea inmediata y mantiene vigentes, por ahora, los términos originales del parole y los permisos asociados mientras el tribunal examina la legalidad del cierre y se dirimen eventuales apelaciones. Justice Action Center, que ha difundido actualizaciones del proceso, indicó que la decisión bloquea temporalmente la terminación de esos permisos a nivel nacional mientras continúa el litigio.

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