Jueza estadounidense falla contra líneas de cruceros por promover “turismo prohibido” en Cuba

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Una jueza federal de Miami determinó que cuatro compañías internacionales de cruceros estuvieron involucradas en “actividades turísticas prohibidas” y “de tráfico” al utilizar puertos en la bahía de La Habana confiscados por el gobierno de la isla. 

“Al utilizar la Terminal y uno de sus muelles de diversas maneras, Carnival, MSC SA, Royal Caribbean y Norwegian cometieron actos de tráfico”, afirmó la jueza Beth Bloom, lo que constituye el primer fallo de este tipo en contra de las líneas de cruceros.

De acuerdo con un reporte del diario El Nuevo Herald, los registros judiciales detallan que las cuatro empresas tuvieron ingresos de superiores a los 1,100 millones de dólares, y pagaron 138 millones a entidades estatales de la isla.

La magistrada falló que los cruceros promovían actividades de turismo para estadounidenses en Cuba fuera de las categorías aprobadas por las leyes de Estados Unidos y además desembolsaron “millones de dólares al gobierno cubano para realizar viajes inadmisibles”, indica la fuente.

“El hecho de que [el Departamento del Tesoro estadounidense] promulgó licencias para viajar a Cuba, y los funcionarios del Poder Ejecutivo, incluido el presidente, alentaron a los Demandados a hacerlo, no los exime automáticamente de responsabilidad si se involucraron en un turismo prohibido por ley”, concluyó Bloom.

El caso, que parte de las demandas de la empresa Havana Docks, dueña de una concesión para operar el puerto de La Habana, se resolverá en un juicio previsto para realizarse en mayo próximo.

La querella contra las cuatro compañías de cruceros, tiene que ver con el uso por parte de navieras internacionales de instalaciones portuarias nacionalizadas en 1960 por el gobierno cubano, que nunca pagó la compensación a sus propietarios.

De acuerdo con Ley Helms-Burton, las víctimas de expropiaciones en la isla tienen derecho a demandar empresas que realicen actividades comerciales y reciban beneficios a partir del uso de las propiedades confiscadas. 

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