Ciudadanos estadounidenses por naturalización podrían perder este privilegio, de acuerdo con un memorando emitido el pasado 11 de junio por el Departamento de Justicia.
El documento insta a los abogados de la agencia a iniciar procedimientos civiles para revocar la ciudadanía a quien “obtuvo ilegalmente” la naturalización o mediante “la ocultación de un hecho material o la tergiversación deliberada”.
En concreto, el fiscal general adjunto Brett A. Shumate pidió a la División Civil que “persiga al máximo los procedimientos de desnaturalización en todos los casos permitidos por la ley y respaldados por las pruebas”.
De acuerdo con el texto, la medida se centra en quienes participaron en la comisión de “crímenes de guerra, ejecuciones extrajudiciales u otros abusos graves contra los derechos humanos”, pero también en “cualquier persona condenada por delitos que represente una amenaza para Estados Unidos”.
Desde la óptica de la administración de Donald Trump esta medida pretende expulsar a delincuentes naturalizados, pandilleros o persona condenada por delitos que represente una amenaza continua para Estados Unidos.
En la práctica ésta sería además una manera de impedir que terroristas convictos regresen a territorio estadounidense o viajen al extranjero con un pasaporte estadounidense.
La política va dirigida igualmente a evitar que quienes obtuvieron su ciudadanía mediante fraude u ocultación de información esencial, no conserven los beneficios de ésta les da.
Personas que representan un peligro potencial para la seguridad nacional, incluyendo aquellas con vínculos con el terrorismo, el espionaje o la exportación ilegal desde los Estados Unidos.
También se retirará la ciudadanía a aquellos que estén implicados en casos de fraude financiero o médico contra Estados Unidos, incluido el fraude de préstamos del Programa de Protección de Nóminas, conocido como PPP, y el fraude de Medicaid/Medicare o contra particulares.
Categorías priorizadas por esta medida:
Personas que participaron en tortura, crímenes de guerra u otras violaciones de derechos humanos.
Personas que promovieron o fomentaron las actividades ilegales de bandas criminales, organizaciones criminales transnacionales y cárteles de la droga.
Cometieron delitos graves que no se revelaron durante el proceso de naturalización.
Trata de personas, delitos sexuales o delitos violentos.
Casos contra personas que participaron en diversas formas de fraude financiero contra los Estados Unidos (incluido el fraude de préstamos del Programa de Protección de Nóminas (“PPP”) y el fraude a Medicaid/Medicare).
Personas que cometieron fraude contra particulares, fondos o corporaciones.
Personas que obtuvieron la naturalización mediante corrupción gubernamental, fraude o tergiversaciones materiales, que no se hayan abordado en otra categoría de prioridad.
Casos remitidos por la Fiscalía de Estados Unidos o en relación con cargos penales pendientes, si dichos cargos no se ajustan a ninguna de las otras prioridades.
Cualquier otro caso remitido a la División Civil que esta considere lo suficientemente importante como para investigarlo.
En cualquier caso, la agencia se reserva la facultad de tramitar casos fuera de estas categorías, según lo considere oportuno.
Por otro lado, el memorando asegura que el gobierno federal tramitará los casos de desnaturalización mediante litigios civiles, en los que las personas sujetas a desnaturalización no tendrían derecho a un abogado.
De acuerdo con Cassandra Robertson, profesora de Derecho de la Universidad Case Western Reserve, citada por Univisión, esto permitirá revocar la ciudadanía más rápidamente, ya que “la carga de la prueba que debe alcanzar el gobierno es menor y es mucho más fácil y rápido llegar a una conclusión en estos casos”.
