En medio del silencio oficial y la incertidumbre que rodea los traslados de migrantes a la Base Naval de Guantánamo, una familia cubana asegura haber identificado a uno de los jóvenes incluidos en el grupo de 22 ciudadanos de Cuba transferidos desde Estados Unidos a esa instalación bajo control estadounidense. La identificación, según la denuncia, no proviene de una lista divulgada por autoridades, sino de gestiones privadas, comunicaciones limitadas y la búsqueda desesperada de respuestas.
La información fue dada a conocer por Niover Licea en NiO Reportando Un Crimen, tras recibir el testimonio directo de familiares que afirman que Marcos Alejandro Ávila Íñiguez forma parte del grupo trasladado recientemente a Guantánamo. La publicación sostiene que la familia venía intentando confirmar su paradero desde inicios de la semana, después de que Marcos pasara por varios centros de detención en Louisiana y, pese a haber tenido firmada una salida voluntaria, terminara en la base naval, sin notificación oficial previa sobre el cambio de destino.
El caso se inserta en una operación más amplia revelada por la prensa estadounidense. Reuters reportó que The New York Times informó sobre la transferencia de 22 migrantes cubanos a la Base Naval de Guantánamo para un proceso de deportación, en un vuelo chárter de ICE que salió desde Louisiana, y subrayó que se trataría de los primeros ciudadanos cubanos enviados allí desde enero. El Departamento de Seguridad Nacional, según esos reportes, no ha publicado una lista de nombres ni ha aclarado cómo o cuándo serían devueltos a Cuba.
Esa ausencia de datos oficiales es precisamente lo que convierte en noticia la identificación presentada por la familia. NiO Reportando Un Crimen describe un patrón de comunicaciones extremadamente restringidas: llamadas breves, bajo custodia, y la circulación de números telefónicos desde los cuales algunos detenidos han logrado contactar a familiares. La plataforma sostiene que esas huellas han ayudado a varias familias a inferir que sus parientes están en la base, aunque sin validación institucional directa.
El escenario también ha despertado preocupación legal. La propia publicación de NiO cita al abogado Lee Gelernt, de la ACLU, describiendo el funcionamiento del esquema como “una caja negra”, en alusión a traslados realizados sin aviso y con poca transparencia sobre acceso a abogados, ubicación y estatus procesal.
Con la información disponible hoy, el punto más delicado sigue siendo el mismo: no existe un listado público que permita confirmar, caso por caso, quiénes integran esos 22 trasladados. En esa brecha se mueven las familias, tratando de ponerle nombre y rostro a una operación que, por diseño o por decisión política, está ocurriendo con el mínimo de explicación pública.
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