Una demanda legal iniciada por estudiantes de Derecho en Holguín contra ETECSA marca un precedente insólito en el escenario cubano. Más allá de la queja tarifaria, el gesto desnuda una grieta cada vez más evidente entre el discurso oficial y las nuevas generaciones formadas en el sistema, pero decididas a exigirle rendición de cuentas.
En un acto inusual en el contexto institucional cubano, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Holguín ha interpuesto una demanda pública contra la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA), acusando a la entidad estatal de incumplir obligaciones contractuales y vulnerar derechos fundamentales de la ciudadanía, tras la reciente modificación de sus tarifas.
La acción, que emergió en redes sociales a través de una publicación colectiva de los alumnos, ha alcanzado una amplia resonancia digital, siendo considerada por observadores nacionales e internacionales como un gesto jurídico inédito y, al mismo tiempo, un pronunciamiento cívico de alto calado.
Los estudiantes argumentan que las nuevas condiciones impuestas por ETECSA -particularmente el cambio de precios y la limitada oferta para el sector universitario- constituyen una modificación unilateral del contrato que regula el servicio de acceso a Internet. Esto, afirman, contraviene principios establecidos en el ordenamiento jurídico cubano, como el derecho a la igualdad, la comunicación y el debido proceso, al no haberse respetado el periodo mínimo de notificación previa que estipulan las cláusulas contractuales.
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Asimismo, denuncian una “dolarización encubierta” de los servicios, que favorece a quienes reciben remesas desde el exterior, profundizando una brecha social que ya ha sido objeto de análisis por economistas y politólogos desde la introducción del MLC en el comercio minorista. Este fenómeno, identificado como una forma de segmentación económica, reconfigura la noción de justicia social en el imaginario constitucional cubano.
La iniciativa no solo ha contado con la adhesión de buena parte del estudiantado, sino también con el respaldo de académicos de prestigio dentro de la propia Universidad de Holguín. Profesores de asignaturas como Teoría General del Derecho y Filosofía del Derecho suscribieron un pronunciamiento público en rechazo a las medidas adoptadas por la empresa, señalando además la necesidad de entablar un proceso de consulta abierto y respetuoso con la ciudadanía.
Este respaldo académico resulta particularmente significativo en el contexto cubano, donde la universidad ha sido históricamente un bastión del discurso oficial. Aunque los altos cargos administrativos -como la jefa del Departamento de Derecho y el decano de la Facultad de Ciencias Sociales- no firmaron la declaración, acompañaron a los estudiantes en sus reclamos, lo cual sugiere una tensión interna entre el aparato institucional y los principios jurídicos que estos actores profesan y enseñan.
La falta de respaldo de organizaciones tradicionalmente encargadas de representar los intereses estudiantiles, como la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) o la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), también ha sido objeto de denuncia por parte de los alumnos. Esta omisión plantea preguntas incómodas sobre el papel de dichas estructuras en un país que vive un progresivo desplazamiento del protagonismo juvenil hacia espacios no jerárquicos y autogestionados.
Este episodio se inserta en una coyuntura nacional marcada por una creciente demanda social de derechos y transparencia. Desde el estallido del 11 de julio de 2021 hasta las recientes protestas localizadas por apagones o escasez, se ha vuelto evidente que existe una ruptura generacional en la manera de asumir la ciudadanía.
A diferencia de las décadas anteriores, donde el disenso era patrimonio casi exclusivo de voces exiliadas o clandestinas, el reclamo actual proviene de jóvenes formados en las aulas oficiales y con dominio del lenguaje legal. La acción contra ETECSA no solo cuestiona una medida económica puntual, sino que pone a prueba la legitimidad de los canales institucionales cubanos frente a una generación que exige coherencia entre el discurso constitucional y la práctica gubernamental.
