Este miércoles 7 de enero, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito, en Nueva York, celebrará una audiencia que puede marcar un antes y un después para miles de cubanos en Estados Unidos que fueron liberados con el formulario I-220A tras entrar por la frontera sur. La vista está prevista a partir de las 10:00 a.m., ante un panel de tres jueces, y se espera que concentre un debate que lleva años creciendo: si el I-220A puede considerarse, en la práctica, un “registro de admisión” válido o un equivalente funcional del parole para poder aplicar a la residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano.
El caso que llega a esa sala es el de Aguilar Díaz, una persona a la que se le negó la residencia luego de que la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) sostuviera que el I-220A no es parole y, por tanto, no abre la puerta al ajuste de estatus. Desde 1966, la Ley de Ajuste Cubano permite solicitar la residencia tras un año y un día de presencia física, pero exige un punto clave: haber sido “admitido” o haber recibido parole. El problema es que miles de cubanos, aunque cumplan el tiempo de presencia, quedaron fuera de esa vía porque su liberación fue documentada con I-220A y no con parole.
El abogado de inmigración Mark Prada, que ha encabezado esta ofensiva legal en distintos circuitos, presentará los alegatos con una tesis central: si una persona llega a la frontera y queda bajo custodia, y luego es liberada, esa salida no puede tratarse como una simple “cortesía administrativa” sin efectos, sino como una decisión legal que debe encajar en las figuras reconocidas por la ley. En declaraciones recogidas por Café Fuerte, Prada ha resumido su argumento en una idea: si no hay derecho real a fianza en ese escenario, la liberación debería entenderse como parole.
Aunque una decisión del Segundo Circuito impactaría directamente en Nueva York, Connecticut y Vermont, un fallo favorable podría fortalecer la estrategia en otros estados, al ofrecer un razonamiento útil para casos similares y presionar a las agencias federales en su interpretación.
Una negativa, en cambio, consolidaría la línea restrictiva que dejó a los I-220A en un limbo: personas con vida hecha, empleo y familia, pero sin una ruta clara a la residencia por Ajuste Cubano. Ese es el peso real de la audiencia de este miércoles: no solo un expediente, sino una definición que puede ordenar —o cerrar— el futuro migratorio de toda una categoría.
