La súplica no fue por asilo ni por un intercambio humanitario. La hermana de Ernesto Míchel Pérez Alvelaes —el tercer cubano capturado por las fuerzas ucranianas en lo que va de año— pidió que lo deporten a Cuba.
La declaración, hecha en entrevistas difundidas en Miami, sorprendió incluso a activistas y juristas que siguen el fenómeno de los reclutamientos de isleños para combatir junto al ejército ruso.
Según el reporte, la familia asegura que el joven fue engañado con promesas laborales y terminó en la línea de fuego del Donbás; hoy, con él preso, su hermana reclama que regrese a la isla para evitar represalias y, sobre todo, para recibir atención y un proceso que —a su juicio— solo Cuba puede garantizar.
Las autoridades ucranianas han divulgado videos de prisioneros extranjeros, entre ellos cubanos, que admiten haber firmado contratos con el Ministerio de Defensa ruso.
La cifra real de reclutas desde Cuba sigue siendo materia de disputa, pero organizaciones de la diáspora y medios internacionales han documentado redes de captación que operan desde 2023 aprovechando la crisis económica en la isla. En muchos casos se ofrecen pasajes, salarios altos y hasta ciudadanía rusa; al llegar, la ruta desemboca en trincheras en los campos de batalla, donde no pocos de ellos han muerto.
La parte peor de todo esto que muchos de los que fueron engañados, no han recibido de vuelta las promesas hechas: ciudadanía más que todo. O lo que es lo mismo: han sido engañados por partida doble.
El pedido de la hermana abre un dilema: ¿qué jurisdicción debe prevalecer cuando el detenido es un combatiente irregular y su país de origen no reconoce participación en la guerra?
A pesar de que diarios estadounidenses aseguran que La Habana está detrás de esta operación – se calculan son más de 20 mil los cubanos enrolados en el ejército ruso – el alto mando cubano se ha desmarcado públicamente de estas redes de reclutamiento.
Defensores de derechos humanos han señalado que algunos reclutadores recibieron hasta un trato laxo en tribunales cubanos, aunque oficialmente no se ha dicho nada sobre el asunto. En ese contexto, la opción de la deportación a Cuba —más que un gesto político— parece, para la familia de este mercenario cubano una urgencia práctica: evitar que el caso quede atrapado en negociaciones bilaterales que pueden durar meses y dejar al prisionero en un limbo.
Mientras tanto, el expediente de Pérez Alvelaes se ha convertido en símbolo de una realidad más amplia: jóvenes que salen de la isla por necesidad, caen en circuitos de captación y terminan en una guerra ajena.
La familia insiste – señala Telemundo51 – en que no justifica su presencia en el frente, pero pide un retorno que permita “poner la vida en pausa” y evaluar responsabilidades en casa. Las autoridades ucranianas no han informado de un calendario para eventuales repatriaciones; quizás, más que todo – nadie lo sabe – como castigo a La Habana por haberse puesto del lado ruso en el conflicto, a pesar de que la isla caribeña, en el pasado, acogió a cientos de niños ucranianos para su tratamiento médico relacionado con el desastre nuclear de Chernobil. Kiev, ahora, sin embargo, parece no querer recordarlo.
Entre tanto, en Miami, la comunidad cubana replica el llamado, con un matiz: que cualquier salida respete el debido proceso y evite que el joven se convierta en moneda de cambio. La historia, de momento, avanza a un ritmo marcado por la diplomacia y la propaganda de guerra, donde siempre, SIEMPRE, los peones que van al combate, se llevan la peor parte.
