La iniciativa llega con un timing incómodo por partida doble. En Cuba, el huracán Melissa dejó un paisaje de destrucción, millones con necesidades urgentes y una cadena de ayuda internacional que apenas comienza a fluir. En Estados Unidos, el Partido Republicano digiere una semana de derrotas en elecciones locales que reabrieron el debate interno sobre hasta dónde empujar la agenda más dura de su ala trumpista.
En medio de esas dos realidades, el senador Rick Scott reactivó en el Senado la DEMOCRACIA Act, una propuesta para endurecer sanciones contra el régimen cubano por abusos de derechos humanos, y sumó como copatrocinadora a la senadora y ex fiscal general de la Florida, Ashley Moody. El proyecto, registrado como S.488 en la 119ª legislatura, busca imponer “severas sanciones y una presión financiera sin precedentes” sobre La Habana, cerrando a la vez supuestos “vacíos” de las restricciones vigentes.
La apuesta legislativa no es nueva: Scott ya había impulsado versiones anteriores del texto, y ahora la presenta reforzada con la narrativa de seguridad hemisférica que el trumpismo ha colocado en el centro de su discurso —la idea de que Cuba “da pie” en la región a Rusia, Irán y China, respalda a regímenes autoritarios aliados y opera aparatos de inteligencia hostiles a 90 millas de Florida. Súmese a ello, obvio, la presencia de militares cubanos – presuntamente vendidos – en las tropas rusas en su guerra contra Ucrania; una movida y un mal cálculo político hecho por La Habana que le costó, hace apenas unos días, enfrentar la peor votación en décadas en la ONU en su ya cansina lucha contra el embargo financiero de los EE.UU. a la isla.
En sus materiales oficiales, el despacho de Scott subraya que la DEMOCRACIA Act autoriza al presidente a sancionar a “personas extranjeras” que mantengan transacciones con los sectores de defensa, seguridad e inteligencia cubanos; impide la entrada a Estados Unidos de los involucrados en violaciones de derechos humanos; y faculta medidas contra miembros del Partido Comunista, el Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior, las Fuerzas Armadas, la Oficina de la Presidencia y familiares directos. El marco también ordena crear una fuerza de tarea para garantizar internet no censurado en la isla y “usar todos los medios posibles” para proveer ese acceso de forma inmediata.
Moody reforzó el encuadre clásico: el régimen “se enriquece con la opresión” y cortar sus ingresos es una forma de “acompañar a los luchadores por la libertad”.
La nota de Florida Politics que adelantó el empuje conjunto de ambos senadores lo presenta como un paso más en la estrategia de “mantener la presión” aprovechando que, con Trump de regreso en la Casa Blanca, la política hacia Cuba se ha vuelto a endurecer. La pieza recoge además el argumento de que la administración actual revirtió decisiones “peligrosas” del periodo Biden, y que ahora toca avanzar otros tramos de sanciones. Es un guion que la base republicana en Florida conoce de memoria y que vuelve a escena incluso cuando los vientos electorales soplan en contra.
El contraste con la emergencia humanitaria actual en la isla es inevitable. Mientras el Capitolio discute más castigos, Naciones Unidas lanzó un llamamiento de 74 millones de dólares para asistir a 2,2 millones de cubanos en las provincias más golpeadas —Granma, Santiago de Cuba, Holguín y Guantánamo— con prioridades en salud, agua y saneamiento, refugio, educación y recuperación temprana, con foco específico en mujeres, infancia y otros grupos vulnerables. OCHA ya había liberado 4 millones de su fondo de emergencia y las agencias del sistema movilizaron otros 7 millones, dejando un vacío de financiación de unos 64 millones.
Desde Washington, incluso, también hubo anuncios de ayuda: Estados Unidos comprometió 24 millones para el Caribe afectado por Melissa, con 3 millones destinados a Cuba y canalizados a través de la Iglesia Católica para sortear la desconfianza mutua que bloquea mecanismos estatales. La paradoja política es evidente: la misma semana en que dos senadores empujan sanciones más duras, el gobierno federal anuncia asistencia humanitaria para la isla, y además lo hace en medio de una conversación doméstica en la que el costo de vida y el cansancio con la confrontación permanente han tenido consecuencias electorales.
Aquí entra la otra mitad del timing. Las derrotas republicanas en Nueva York, Virginia y Nueva Jersey encendieron alarmas en el partido y dejaron a Trump intentando explicar el tropiezo como un efecto de su ausencia en las boletas y del cierre del gobierno. Más allá de ese relato, los recuentos periodísticos coinciden en que los demócratas capitalizaron el hartazgo con la agenda maximalista del presidente y con la sensación de incertidumbre económica, y que el voto latino operó como voto castigo en jurisdicciones clave. En ese contexto, reclamar otro salto en sanciones a Cuba, una nación latina, satisface a la base más movilizada en Florida, pero corre el riesgo de aislar al partido ante moderados y comunidades hispanas que sienten en carne propia los efectos de políticas de “mano dura” migratoria y de una economía tensionada por aranceles y precios, como bien ha explicado ABC News.
En el terreno práctico, la DEMOCRACIA Act tiene elementos que pueden resonar más allá de la coyuntura y son muy importantes y deben ser tenidos en cuenta. Poner bajo lupa transacciones de terceros con conglomerados controlados por los militares cubanos y su aparato de inteligencia apunta a cortar divisas a estructuras que, en la última década, absorbieron turismo, comercio minorista y logística. Al mismo tiempo, la promesa de internet “no censurado” toca una fibra sensible tras las protestas del 11J, cuando los apagones de datos fueron clave para ahogar la movilización.
Sin embargo, el éxito de esos objetivos depende de dos factores que el texto no puede resolver: voluntad del Ejecutivo para aplicarlo con inteligencia política y coordinación con aliados que, a menudo, optan por el engagement económico con La Habana.
La foto de esta semana muestra líneas que se cruzan. En Cuba, el llamado de la ONU busca comida, agua, medicinas y techo para millones, mientras organizaciones como la IFRC también han abierto apelaciones propias para atender a 100.000 personas durante los próximos meses. En Estados Unidos, dos senadores apuestan por subir el costo del inmovilismo represivo, justo cuando su partido necesita reconstruir puentes con votantes que abandonaron la promesa de “orden y prosperidad” en las urnas.
La pregunta no es si hay que exigir cuentas por las violaciones de derechos humanos —esas están documentadas y no se han detenido—, sino si la herramienta elegida y su calendario ayudan a los cubanos de a pie en la emergencia actual o refuerzan la narrativa oficialista de plaza sitiada que termina penalizando a la sociedad civil independiente y entorpeciendo canales humanitarios.
La DEMOCRACIA Act volverá a comités y recorrerá el laberinto legislativo con una novedad: el ruido político de noviembre dejó claro que el péndulo electoral castiga el exceso y premia la eficacia palpable. Mientras tanto, en Bayamo o Songo-La Maya la urgencia es otra y no admite metáforas: agua limpia, antibióticos, colchones, techos.
Si algo enseñó la última década es que sanciones mal calibradas, sin rutas claras para proteger a la población y sin alianzas robustas para la ayuda directa, dan al régimen otra excusa y a los ciudadanos otra espera. La discusión de fondo no es si se sanciona, sino cómo y cuándo, para que la justicia no choque con el hambre y la política no eclipse la vida diaria de millones.
