La angustia crece en Songo La Maya, Santiago de Cuba. La familia de Yoleidy Ayarde Vargas, Pepo, de 42 años, lo busca desde que el miércoles fue visto por última vez en la zona del río de Jaraueca.
Según su primo dijo a Niover Licea, el hombre salió desde La Güira rumbo a Jaraueca y, ante la crecida, intentó cruzar el cauce para reunirse con su esposa; testigos aseguran que la corriente lo arrastró.
Desde entonces, parientes y vecinos han peinado el río por su cuenta y denuncian que las autoridades del municipio no han desplegado un operativo de búsqueda a la altura del caso. La madre de Yoleidy, enferma del corazón, vive el desespero de no tener noticias. Es una solicitud básica: que medios y autoridades amplifiquen la alerta y coordinen un rastreo formal antes de que el tiempo y el agua borren pistas.
A esa alarma se suma, desde la provincia de Granma, el aviso urgente por Abel Corrales Rosales, vecino de Guisa, que salió de su casa el jueves y no ha regresado. Su familia advierte que padece demencia y podría estar desorientado. Testigos lo vieron marcharse sin camisa y con un machete, un detalle que obliga a extremar la cautela al momento de auxiliarlo. Parientes y conocidos han dejado teléfonos de contacto y piden que, en caso de verlo, se dé aviso inmediato a la Policía Nacional Revolucionaria de Guisa o a su hija, para asegurar una intervención segura. El tono de los mensajes en redes es de súplica y de coordinación barrial: oraciones, recorridos improvisados, vecinos que preguntan si hay novedades, familiares que contestan con un nudo en la garganta que todavía no.
Ninguno de estos casos ocurre en el vacío. Este año Cuba ha acumulado desapariciones con desenlaces opuestos que dibujan un patrón. Entre los cierres positivos, familias han logrado encontrar a sus seres queridos gracias a la presión vecinal y al ecosistema de avisos en redes: adolescentes localizadas sanas y salvas en La Habana tras días de búsqueda, pacientes vulnerables que reaparecen pocas horas después en Camagüey, niñas entregadas a las autoridades sin lesiones en Ciego de Ávila. Son historias donde la comunidad se organiza, comparte fotos y coordina búsquedas, y esa energía, cuando falta un protocolo oficial claro, puede marcar la diferencia.
Pero 2025 también dejó tramos de la crónica en negro. En La Habana, la laboratorista Nieves Rosa Castrillo Núñez fue hallada sin vida tras desaparecer camino al trabajo; el caso de la joven madre Dayli Acosta, reportada como desaparecida en La Güinera, terminó en hallazgo fatal cerca del Parque Lenin y reavivó el debate sobre la respuesta estatal y la seguridad de las mujeres. En el oriente del país, crecidas de ríos dejaron desaparecidos y fallecidos identificados, un recordatorio de cómo los eventos hidrometeorológicos, cada vez más intensos, multiplican riesgos en provincias con infraestructuras frágiles y respuestas lentas. Cuando median variables como violencia de género, crimen asociado o fenómenos naturales, los finales suelen ser trágicos.
La regularidad de estos expedientes revela dos problemas estructurales. Por un lado, la comunicación deficiente de muchas autoridades locales, que obliga a familias a organizar rastreos por su cuenta, con recursos mínimos y sin coordinación especializada. Por el otro, la ausencia de protocolos públicos, conocidos por la gente, que activen de inmediato a rescatistas, pescadores, defensa civil y sistemas de salud.
Por eso los nombres de Yoleidy Ayarde, Pepo, y de Abel Corrales no deben perderse en el ruido de la semana. El primero, arrastrado según testigos por un río crecido en Jaraueca; el segundo, vulnerable por su demencia y extraviado en Guisa. Ambos necesitan lo mismo: búsqueda formal coordinada, canales abiertos de información y una comunidad que siga alerta sin sustituir la labor de rescate. Si este año enseña algo, es que la movilización del barrio puede salvar vidas, pero no debería ser la única red de seguridad.
