La plataforma Nioreportandouncrimen concentró en las últimas horas un conjunto de denuncias que, aunque de naturaleza diversa, apuntan al mismo diagnóstico: fallas estructurales, opacidad y presunta corrupción en instituciones penitenciarias y cuerpos de investigación del país.
El caso que más ruido generó refiere a la supuesta fuga de Luis Enrique Jobas (“el Kiki”) de la prisión de máxima seguridad de El Pre (El Prevero), donde —según la publicación— estaba bajo Régimen Especial.
La versión difundida por la página, citando al medio La Tijera, asegura que la evasión ocurrió el 5 de octubre tras un soborno de 20.000 dólares y que ya habría varios guardias detenidos. Entre reclusos circularía, además, el rumor de un pago equivalente a 10 millones de pesos, distribuidos —siempre según esos relatos— entre el custodio con las llaves de acceso principal (2 millones), un custodio interno (5 millones) y el conductor encargado de estacionar el vehículo de huida (3 millones).
El relato de la fuga se conecta con un antecedente: la participación de Jobas en un asalto a un joyero en Santo Domingo, Villa Clara, el 21 de noviembre de 2023, por el que recibió una condena de 30 años tras una búsqueda prolongada.
En los comentarios, usuarios cruzaron objeciones y matices: unos calificaron la cifra como exagerada, otros subrayaron que 20.000 dólares equivalen, a grandes rasgos, a los 10 millones de pesos mencionados; hubo quien dudó de la historicidad del hecho o lo consideró “una historia mal contada”. Ese contrapunto ciudadano no disipa la preocupación central: si existió colaboración interna para la fuga, el problema excede a un preso concreto y habla de grietas graves de control.
El caso, aunque no guarda relación, pone el punto sobre un hecho que ha estado sucediendo ultimamente en Cuba y es este: la cantidad de presos que se están fugando en las narices de la mal llamada «5ta mejor policía del mundo». ¿Será que en esos otros casos también hubo complicidad? Muy probablemente no, pero indolencia y falta de profesionalidad sí.
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Otra denuncia, también reciente, sitúa el foco en La Habana. Enit Figueredo reclama transparencia y cambio de medidas cautelares para su esposo, Alexander Martínez Pérez, exdirector de una UEB de Suchel. Asegura que está detenido desde julio a raíz de un operativo en Suchel Regalo y que el proceso está plagado de irregularidades. Su mensaje añade un dato que vuelve más apremiante su pedido: la hija de ambos espera una operación a corazón abierto. La publicación convoca solidaridad y, sobre todo, una revisión imparcial del expediente.
En paralelo, la página difundió una alerta sobre Alexis Rodríguez, “El Pinta”, presunto responsable de un hecho violento en La Habana Vieja que costó la vida a Juan Carlos. La pieza sugiere conexiones con un recluso fugado del Combinado del Este, Yudel Álvarez Rodríguez, y menciona posibles vínculos personales de “El Pinta” con un funcionario del DTI. A la conmoción por el homicidio se sumó la indignación por el robo de joyas a la víctima durante su traslado, según testigos. Aquí, como en el resto de los casos, la información es preliminar y exige verificación institucional.
El mapa de señalamientos se ensancha con una carta anónima desde Santa Cruz del Norte, Mayabeque, que describe —con nombres de pila y apodos— una presunta red de corrupción en el DTI y la Policía: beneficios por decomisos, ventas ilegales de productos, “intermediarios” y estilos de vida supuestamente incompatibles con los salarios públicos.
La misiva no pretende —dice su autor— “arruinar reputaciones sin pruebas”, sino provocar una investigación formal que restituya confianza. Si existió tal carta y si los hechos que describe se sostienen, la respuesta debería ser una auditoría con garantías, trazabilidad y publicación de resultados.
Capítulo aparte merece la denuncia desde Villa Clara: familiares y vecinos reportaron que Eduardito (Eduardo) Boza Torre, recluido en el penal de Guamajal, habría sido golpeado por oficiales y privado de atención médica. La ola de comentarios pidió intervención urgente; luego, Graciela Boza González afirmó que el joven estaba bien, que “no tiene ni un golpe” y ofreció disculpas por la alarma. El episodio ilustra otro flanco del problema: el ecosistema de denuncias en redes puede activar alertas valiosas, pero también producir ruido cuando la verificación es débil o llega tarde. De ahí la necesidad de protocolos que conecten a familiares, fiscalía militar, salud penitenciaria y mecanismos independientes de supervisión.
Tomadas en conjunto, estas historias dibujan un patrón: donde faltan controles, proliferan las sospechas; donde la información oficial es escasa, crecen el rumor y la indignación.
Si hubo fuga financiada, si hay procesos con irregularidades, si existe una red de beneficios ilegales, corresponde investigarlo con debida diligencia, informar a víctimas y familias y sancionar sin excepciones a quienes resulten responsables. No se trata solo de castigar delitos, sino de reparar el tejido mínimo de confianza que sostiene cualquier sistema de justicia.
