En Cuba se acumulan, como en una bandeja de urgencias sin médico, denuncias de malos tratos, negligencias y corrupción que atraviesan dos mundos supuestamente bajo tutela del Estado: hospitales y prisiones.
En las últimas horas, ciudadanos y familiares han puesto nombres, lugares y prácticas a un patrón que ya no se oculta detrás de palabras técnicas. Hablan de esposas apretadas sobre camillas, de ambulancias que no llegan, de niños febriles apelotonados en cuerpos de guardia, de jefes de prisión que se autoproclaman reyes y de protocolos pisoteados.
Los relatos coinciden en algo más que en la indignación: en cada caso hay funcionarios señalados, víctimas con nombre propio y un sistema que, por acción u omisión, mira hacia otra parte.
Desde Manatí, Las Tunas, la familia de Cristian Leyva Guillot, un joven de 18 años en el servicio militar, describe un itinerario de castigos físicos y abandono clínico. El joven fue enviado a una unidad cercana a la Base Naval de Guantánamo, donde presenció y sufrió abusos.
Terminó con problemas renales, crisis nerviosas, desnutrición y lesiones en los pies, tras trabajos forzosos bajo el sol. Hubo ingresos hospitalarios, certificados médicos que prohibían esfuerzos y exposición solar, y hubo, pese a ello, la decisión de obligarlo a ejercicios extremos y nuevas humillaciones. La madre denuncia un episodio que revela el cruce entre sanidad y castigo:
Cristian fue esposado más de 24 horas en un hospital, aislado de su familia y con alimentación deficiente, tratado como delincuente en vez de paciente. La exigencia es simple y difícil a la vez: que lo protejan, que lo atiendan, que cese una violencia que no encaja con la idea de servicio a la patria, y que quienes mandan —desde oficiales hasta la máxima jefatura— asuman responsabilidades.
En la prisión de Taco Taco, en Artemisa, las denuncias convergen en un nombre: el primer teniente Fabelo, jefe de Orden Interior.
Fuentes del sistema penitenciario lo señalan por golpear a cinco reclusos esposados —incluyendo ancianos— y por agredir a militares que intentaron frenarlo, presuntamente bajo los efectos del alcohol.
No hubo sanciones. Por el contrario, la protección habría llegado desde más arriba: el teniente coronel Carlos Quintana, jefe provincial de prisiones, y su segundo, Juan Ramón Castillo, encubrieron el caso, según los testimonios. A este cuadro se suma una acusación de acoso sexual en el salón de visitas contra una familiar de un preso. En los pasillos del penal, dicen, Fabelo se llama a sí mismo “El Rey”. La palabra no es solo un exceso de ego: en un espacio cerrado, vulnerable, ese autorretrato explica una lógica de impunidad.
En Villa Clara, la lista de nombres y prácticas se alarga.
Al frente de la Prisión Pendiente de Santa Clara, Yurianis Spek aparece retratado como un jefe que tolera, encubre o participa en conductas ilegales. Los denunciantes describen venta de turnos de visita y de pabellones conyugales, vínculos impropios con familiares de reclusos, y cobros en especie a cambio de favores.
Relatan que permite el ingreso de teléfonos y otros artículos para luego manipular los hechos.
El jefe de Orden Interior en esa misma prisión, Ángel Figueroa Redondeaow (debe estar mal escrito y correctamente sería Rigondeaux), es señalado como cómplice de esa trama y como responsable directo de castigos y arbitrariedades. Un episodio concentra la gravedad del descontrol: ante el hallazgo de un celular, se habrían impuesto castigos colectivos a 17 presos; uno terminó en la enfermería con lesiones en el rostro.
Otra denuncia relata que Figueroa practicó una requisa física a una menor, una violación explícita de las normas que reservan ese procedimiento para personal femenino. A pesar de las quejas, lo que flota en el ambiente no es la palabra sanción, sino la palabra promoción: se afirma que podría ser ascendido.
El propio penal de Santa Clara suma otra figura a este mapa: Islander Laffita Turro, funcionario de Orden Interior.
Los testimonios lo dibujan como un extorsionador cotidiano que exige a los presos comida, artículos de aseo y otros recursos personales bajo amenazas. El que se niega, recibe golpizas o sanciones. No hay sofisticación en ese mecanismo, pero sí un indicador de deterioro: cuando la autoridad vende protección, el Estado deja de ser Estado para convertirse en un mercado de favores y miedos.
En paralelo, los familiares describen un reglamento que se aplica como castigo: restricciones arbitrarias para la entrada de alimentos o de productos sellados, medidas que impactan en la nutrición y la salud de una población ya golpeada por la precariedad.
También llega una denuncia desde Mayabeque, en la prisión de Panamá, en Güines, destinada a reclusos con VIH o a la comunidad homosexual.
El testimonio anónimo habla de chinches, de falta de medicamentos, de desnutrición y de un abandono que obliga a las familias a asumir alimentos y tratamientos. Un joven ingresado hace pocos meses estaría perdiendo peso y fuerzas, sin atención adecuada. No se trata solo de pobreza material; es la renuncia a un estándar mínimo de humanidad con enfermos cuyo cuidado requiere continuidad y recursos. La denuncia pone luz sobre un punto ciego: quienes cargan un estigma sanitario arrastran, además, el de un sistema que los invisibiliza tras los muros.
Fuera del universo penitenciario, la crisis sanitaria asoma sin filtros. En Cienfuegos, el Hospital Pediátrico Provincial amanece colapsado, según reportes ciudadanos, con niños de varias edades congestionando el cuerpo de guardia.
La gente habla de focos activos de un virus aún no identificado, de fiebre alta que no cede, de consultas a la luz de linternas por falta de combustible para las plantas, de blísteres de dipirona pagados a precios inalcanzables.
Lo que no llega es una explicación clara de las autoridades. En las voces de vecinos se repiten las causas: agua turbia, microvertederos, mosquitos sin control, ausencia de fumigación. Hay quien cuenta que, pese a la saturación, recibió buena atención. Hay quien recuerda que la ciudad entera está enferma. En ambos extremos late una certeza: sin transparencia y sin saneamiento, el virus no tiene contrapeso.
La muerte de José Mesa, un anciano de Flor de Mayo, Santa Cruz del Sur, en Camagüey, ofrece la escena más cruda del deterioro.
Estaba reportado de grave por una gangrena que empezó en un dedo y subió por la pierna. Su nieto, Yuniel Mese, narró que la familia esperó más de 24 horas por una ambulancia para trasladarlo al hospital provincial. Recorrieron oficinas, escucharon promesas. La ambulancia llegó al fin, ya de noche; en el hospital les dijeron que era tarde, que no resistiría una amputación. José Mesa murió a la mañana siguiente. La pregunta que deja ese final no es retórica: cuántas vidas se pierden no por falta de conocimiento médico, sino por un engranaje logístico oxidado, por la ausencia de un vehículo a tiempo, por una cadena de mando que reacciona cuando el reloj ya no cuenta.
Los casos aquí reunidos, denunciados por los activistas e informadores cubanos Niover Licea y José Luis Tan Estrada, forman un mismo cuadro, aunque sucedan en provincias distintas y con actores distintos.
En el servicio militar de un muchacho de 18 años, en los pasillos de Taco Taco, en la Prisión Pendiente de Santa Clara, en la cárcel de Panamá en Güines, en el cuerpo de guardia pediátrico de Cienfuegos y en la sala donde un anciano esperó una ambulancia, se repiten palabras como abuso, abandono, extorsión, castigo, silencio.
Y se repiten, también, los nombres de quienes deberían responder: jefes de prisión señalados como Yurianis Spek, Ángel Figueroa «Redondeaow», Islander Laffita Turro y el primer teniente Fabelo, amparados, según denuncias, por superiores como Carlos Quintana y Juan Ramón Castillo. La exposición de esos rostros no es un acto de venganza: es una forma de registro público cuando las vías institucionales fallan o se cierran.
