El cubano Yarinel Martínez Maqueira fue detenido el martes 27 de agosto, al igual que los bolivianos Omar y Norman Copaja Chuquimia y Jorge Catalán Osinaga, por su presunta implicación en el asesinato a tiros de tres jóvenes el sábado 24 de agosto en La Paz.
Según informó a la prensa local la abogada del cubano, Mónica Irusta, Martínez habría participado para resguardar los 700.000 bolivianos que debían pagar las víctimas por la adquisición de 100.000 dólares que supuestamente le comprarían a los acusados.
De acuerdo con la letrada, el natural de Isla de la Juventud fue contratado como seguridad para brindar protección durante el traslado del efectivo, por lo que una prueba de balística determinará quién fue el autor material del crimen.
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— RTP Bolivia (@rtp_bolivia) August 30, 2024
🔴 PRUEBA DEL GUANTELETE DETERMINARÁ QUIÉN DISPARÓ EL ARMA
🚨 ABOGADA AFIRMA QUE EXTRANJERO IMPLICADO EN TRIPLE ASESINATO FUE CONTRATADO PARA RESGUARDAR LOS BS 700.000
La abogada Mónica Irusta informó que su defendido, el ciudadano cubano implicado en el… pic.twitter.com/CuqlsEKNmg
Martínez fue arrestado en una casa en construcción que cuidaba en la zona de Ciudad Satélite, en El Alto, donde los agentes hallaron el arma de fuego con la que fueron asesinados los jóvenes; munición de armas de grueso calibre y una mochila con 2.800.000 bolivianos, que pertenecían a las víctimas.
Irusta no ha pedido “la libertad simple de mi defendido”, sino que se haga “una diferenciación en el grado de participación en este lamentable hecho”. “Lo que se quiere es que las penas sean distintas”, dijo.
“No podemos meterlos a todos en la misma bolsa porque resulta incoherente que cuatro ciudadanos hayan percutado el arma. Entonces, ha tenido que haber una persona que es el principal autor, quien ha percutado esa arma”, alegó.
La representante legal explicó igualmente que el cargo por el que sería encausado el cubano se sabrá tras conocerse, en alrededor “de un mes”, el resultado de la prueba de guantelete que se le ha hecho a los cuatro detenidos para determinar quién disparó.
Tanto Martínez como los Copaja y Catalán tuvieron que ver con el triple asesinato que tuvo lugar cuando se dirigían al área de Los Yungas, adonde llevaban a las víctimas con la falsa promesa de efectuar la transacción monetaria “a un precio accesible”, apuntó un informe policial.
La abogada también precisó que al cubano le habían prometido un pago de 10.000 bolivianos por el supuesto intercambio de dinero.
La muerte de Verónica Aguirre, de 34 años; Domingo Santos Mamani, de 33, y José Luis Vargas, de 27, ha sido calificada por las autoridades bolivianas como una ejecución, ya que los tres presentaban heridas infligidas por arma de fuego en la cabeza, “desde la nuca hacia delante”.
“Han sido ejecutados”, afirmó el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, quien añadió que los tres tenían también heridas en la zona del cuello, provocadas por un arma punzocortante, posterior a su muerte.
Del Castillo subrayó hace una semana ante la prensa que los cuatro arrestados son responsables de las tres muertes y enfrentan cargos por asesinato, un delito que conlleva una pena máxima de 30 años de prisión.
En una audiencia el pasado 28 de agosto, la justicia determinó que todos los imputados fueran enviados de manera preventiva a Chonchocoro, la cárcel de máxima seguridad en Bolivia.
A tenor con la investigación, Omar Copaja, un amigo de la infancia de Mamani, habría convencido a las víctimas de viajar desde El Alto hasta Los Yungas para comprar los dólares.
Copaja le ofreció a Mamani un dólar por 7.10 o 7.50 bolivianos, un precio cercano a la tasa oficial de cambio (1 dólar x 6.96 bolivianos). Los librecambistas venden actualmente la moneda estadounidense a más de 11 bolivianos.
Dado el vínculo entre ambos hombres, las víctimas no desconfiaron y abordaron un minibús alquilado por Copaja, en el que iban también los otros tres sospechosos.
Rumbo a Los Yungas, los acusados convencieron a los jóvenes de detenerse para “bendecir” el dinero que iban a cambiar, aunque se presume que su intención era verificar el monto que llevaban; continuaron viaje hasta la localidad de Unduavi; y, en una zona conocida como “Tres Marías”, los ultimaron a tiros para robarles.
Los cuerpos fueron hallados el lunes por un agricultor, en una caseta de madera y calamina y, tras las indagaciones preliminares, la Policía detuvo a los cuatro sospechosos el martes pasado y realizó el allanamiento de dos inmuebles.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz, René Tambo, apuntó que los asesinos planificaron el crimen con unas dos semanas de anticipación.
“Cada uno de los involucrados ya tenía asignada su ‘tarea’, habían recorrido la ruta y determinado sus acciones”, reportó el diario Opinión. “No tenían dólares. Su intención era robarles el dinero y acabar con sus vidas”.
Se estima que en unos seis meses la Fiscalía presente una resolución de acusación y los imputados sean llevados a juicio ante un tribunal por un brutal crimen que ha conmocionado e indignado al país.
Martínez, que según sus perfiles en redes sociales se ha desempeñado como “jefe de seguridad de varias personas y empresas” desde 2008, adquirió la residencia definitiva en Bolivia en 2023 y tiene un hijo de cinco años nacido en la nación sudamericana.
