Muchos trailers ya están abandonados, con ventanas rotas y puertas abiertas. La escena es casi de zona de guerra: basura por doquier y casas móviles deterioradas que apenas descansan sobre sus cimientos.
Pero aún así, varios inquilinos no se mueven de su trailer. Algunos porque no quieren, otros porque simplemente no pueden.
El plazo final para desalojar el parque de casas móviles Li’l Abner venció ayer lunes 19 de mayo de 2025. Sin embargo, más de 220 familias, muchas de ellas de origen latinoamericano, se niegan a abandonar su trailer; es decir, sus hogares, respaldadas por una demanda colectiva que cuestiona la legalidad del proceso de desalojo.
El parque, que llegó a albergar a unas 900 familias, ha sido objeto de un proceso de desalojo desde noviembre de 2024, cuando los residentes recibieron notificaciones para abandonar el lugar antes del 19 de mayo de 2025.
El propietario del terreno, CREI Holdings, planea desarrollar en el lugar un complejo de viviendas asequibles. Sin embargo, los residentes alegan que el proceso ha estado plagado de irregularidades, incluyendo aumentos de alquiler dentro del período prohibido por la ley y la falta de notificación adecuada a la asociación de propietarios.
Entre los que aún resisten a abandonar su trailer se encuentra la cubana Vivian Hernández, quien lleva más de 35 años viviendo en el lugar. Ella, junto a otros vecinos, forma parte de una demanda colectiva contra el nuevo propietario del terreno, quien desde noviembre del año pasado exige la evacuación del parque.
«Tengo un mensaje del abogado que dice que no tenemos que movernos de aquí», afirmó en declaraciones a medios locales.
Vivian Hernández es una de los muchos de los residentes que han invertido sumas significativas en sus hogares. Ella, por ejemplo, asegura haber invertido más de $230,000 en mejoras a su vivienda. Otro residente, Enrique Zelaya, compró su casa por $160,000 apenas cuatro meses antes de recibir la notificación de desalojo.
Muchos trailers ya están abandonados, con ventanas rotas y puertas abiertas. La escena es casi de zona de guerra: basura por doquier y casas móviles deterioradas que apenas descansan sobre sus cimientos. Pero aún así, varios inquilinos no se mueven. Algunos porque no quieren, otros porque simplemente no pueden.
“No me quiero ir porque no tengo dinero ni adónde ir”, dijo Karel Hernández, otro de los que se niega a marcharse. “¿Qué voy a hacer? No sé”, agregó con resignación. Él fue captado por las cámaras mientras rompía una de las notificaciones de desalojo, convencido de que su abogado podrá frenar la orden.
Además de las preocupaciones legales y financieras, los residentes han denunciado condiciones peligrosas en el parque, incluyendo la presencia de asbesto en algunas viviendas demolidas, recoge en dos reportajes WPLG.
A pesar de las ofertas de compensación por parte de CREI Holdings —que incluían pagos de hasta $14,000 para quienes desalojaran antes del 31 de enero— muchos residentes consideran que estas sumas son insuficientes para cubrir los costos de reubicación en un mercado inmobiliario con alquileres elevados.
Para muchos, esa ayuda nunca fue suficiente. “Nunca pensé vivir de esta manera”, dijo otra residente entre lágrimas, lamentando que después de haber comprado su trailer con esfuerzo, ahora se sienta insegura y al borde de la indigencia.
El abogado de los vecinos insiste: no hay razón para irse aún. “Mantengan la fe, esto es un país de derechos, y hasta que no haya un juicio final, no hay desalojo”, aseguró. El abogado ha instado a la comunidad a mantener la fe en el sistema legal, afirmando que hasta que no haya un fallo judicial definitivo, no se puede proceder con los desalojos.
Mientras tanto, la demolición avanza. Seis de cada diez residentes ya se han ido. Los que quedan —ancianos, personas con discapacidad, y familias de bajos ingresos— enfrentan la incertidumbre con la esperanza puesta en los tribunales.
Mientras tanto, las demoliciones continúan en el parque, y la incertidumbre persiste para las familias que aún residen allí. Muchos de ellos, como Vivian Hernández, enfrentan la posibilidad de quedarse sin hogar en un mercado donde los alquileres son prohibitivos.
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