Una trabajadora cubana del sector estético en el área de Miami, identificada como Eliany Collazo Llosa (en otros medios identificada como Eliana Collazo), fue arrestada tras ser acusada de apropiarse de viales de un fármaco similar al bótox y de administrar inyecciones en casas particulares sin autorización ni licencia, según un reporte policial.
El caso se originó en la oficina donde Collazo prestaba servicios de cuidado de la piel —International Dermatology Research, en la zona de Fontainebleau— cuyo funcionamiento quedó bajo escrutinio cuando la propietaria, una mujer de 82 años, detectó la desaparición de más de 30.000 dólares en inventario de viales inyectables.
De acuerdo con la investigación, Collazo estaba contratada para realizar tratamientos faciales a clientas del negocio y fue ganando margen en tareas administrativas.
No obstante, la policía sostiene que hace unos seis meses la empleada sustrajo aproximadamente 32.000 dólares en viales de un producto tipo bótox y luego comenzó a ofrecer inyecciones por su cuenta, fuera de la clínica, a un precio “con descuento” si el encuentro era en la vivienda del cliente. Los investigadores señalan que, durante ese periodo, en la cuenta bancaria de Collazo ingresaron alrededor de 90.000 dólares en depósitos realizados vía Zelle, presuntamente vinculados a esos procedimientos.
El caso incluye un posible agravante: explotación de una persona mayor. Las autoridades afirman que la propietaria confió en Collazo al punto de delegarle parte de la operativa diaria, confianza que habría sido aprovechada para llevarse el medicamento y montar un esquema paralelo de inyecciones. La gerencia de la clínica declinó hacer comentarios mientras el proceso sigue abierto.
La defensa niega de plano los señalamientos. El abogado de Collazo, el exfiscal John Sebastian, sostuvo ante medios locales que “nadie la vio robar nada” y que su clienta no practicó “ningún tipo de inyecciones, ni rellenos, ni bótox”. Remarcó que no existen grabaciones, declaraciones ni pruebas documentales que acrediten el hurto o la administración de sustancias inyectables, y recordó que su representada realizaba únicamente procedimientos faciales permitidos por su rol. La defensa subraya que, como en cualquier causa penal, rige la presunción de inocencia hasta que un tribunal determine lo contrario.
Más allá de la disputa judicial, el dossier vuelve a colocar bajo la lupa un mercado estético que mueve altas sumas y que, cuando opera fuera de clínicas autorizadas, implica riesgos legales y sanitarios para profesionales y clientes. En Florida, la administración de neurotoxinas y rellenos está reservada a personal debidamente licenciado y bajo supervisión médica. La investigación continúa y un juez decidirá los próximos pasos procesales en función de las pruebas que presenten fiscalía y defensa.
