El gobierno de Cuba ha dado un ultimátum de seis meses para que todos los establecimientos comerciales del país adopten el pago electrónico, en otro intento por aliviar “las dificultades ya conocidas” con la extracción y disponibilidad de dinero en efectivo, informó el periódico Granma.
Según una nota del rotativo publicada el jueves, al cierre de ese plazo, las autoridades retirarán la licencia operativa a los negocios donde todavía no existan las condiciones para el uso de las pasarelas de pago electrónico Transfermóvil, Enzona y Banca Remota (u otras que se desarrollen para tal propósito).
La medida forma parte de una serie de propuestas a implementar por la titular del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), Betsy Díaz Velázquez, y contempla la suspensión de la actividad a los establecimientos comerciales que incumplan lo indicado.
Díaz Velázquez explicó que los establecimientos que no adopten estas pasarelas de pago para el uso de los clientes ni garanticen la tenencia de terminales de punto de venta (POS) se verán imposibilitados de recibir el Certificado Comercial en MLC y el Autorizo Comercial en CUP.
La medida abarca los establecimientos comerciales físicos y las tiendas virtuales gestionadas por personas jurídicas (estatales o no estatales) y las personas naturales autorizadas. Incluye las ventas mayorista y minorista, con excepción de las tiendas virtuales con pagos desde el exterior.
Todo ocurrirá a partir del segundo semestre de 2023 y de manera gradual, precisó la ministra del Mincin. El pago electrónico exclusivo también será exigido para el servicio de arrendamiento de espacios a negocios particulares; al tiempo que se establecerá el uso de tiendas virtuales para la venta mayorista a las formas no estatales de gestión, así como para las reservaciones en sitios gastronómicos, de alojamiento, centros nocturnos, recreativos, culturales y para las transportaciones nacionales.
Las autoridades del sector planean penalizar los depósitos de dinero en efectivo que realicen las personas jurídicas estatales (comercializadoras minoristas de bienes y servicios) e incrementar, gradualmente, el porciento de penalización en aquellas que no logran la disminución en los montos de estos depósitos.
Con ese objetivo, aprobarán también que los bancos cobren mayores comisiones a los negocios reincidentes.
