El sujeto abofeteó a una inspectora y golpeó con una pesa a otro de los inspectores presentes, que vino en auxilio de la primera.
Un vendedor de productos agrícolas en la provincia de Cienfuegos, identificado como «Leonardo», ha sido condenado a cinco años de prisión por agredir violentamente a dos inspectores de precios. El altercado ocurrió cuando los funcionarios intentaron multar a Leonardo por exceder los precios máximos establecidos por el gobierno.
Según un reporte publicado en Facebook por un periodista oficialista, en el momento de firmar la multa, Leonardo atacó a una inspectora con dos bofetones en la cara. Al intervenir un segundo inspector, Leonardo lo agredió usando una de las pesas de su balanza, causándole lesiones que, aunque no amenazaron su vida, requirieron atención médica.
La reacción en la comunidad ha sido fuerte y variada. Entre los comentarios vistos en la publicación, todos parecen estar de acuerdo en que debió sancionarse al sujeto, sí, pero con mayor severidad.
Gretel Martínez Castañeda afirmó que «nadie puede estar por encima de la ley y esas actitudes violentas deben ser reprimidas con sanciones enérgicas y ejemplarizantes.» Rafael Leliebre, por su parte, consideró que la pena debería ser más severa, sugiriendo que «por un caso así hacerle 20 (echarle 20 años) es lo que corresponde.»
Otros comentarios en la publicación reflejaron una mezcla de indignación y preocupación por la conducta de Leonardo y nuevamente por la respuesta del sistema judicial.
Yaylin Morales expresó su deseo de que Leonardo cumpla los cinco años completos para que «el peso de la ley y que sea conocimiento público». José Ernesto Gonzalez García comentó que en cualquier lugar del mundo, actitudes como la de Leonardo resultarían en largas condenas.
La discusión también se extendió a la necesidad de ajustes en las leyes.
Enrique N Estrada Espinosa sugirió que, dado el contexto de «economía de guerra», debería aplicarse un código penal de guerra para este tipo de violaciones económicas. Isabel Machado Martínez pidió que todos los infractores trabajen en la agricultura como forma de compensación y contribución al autoabastecimiento del pueblo.
Los comentarios en sentido general reflejan un clamor popular por una revisión del código penal y la aplicación de penas más severas para prevenir la reincidencia y garantizar que la ley se respete adecuadamente en situaciones de violaciones de precios y agresión a funcionarios públicos.
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