La Unión Europea está a punto de aprobar un viraje severo en materia migratoria: trámites de asilo más estrictos, expulsiones aceleradas y más peso para los centros de detención. El paquete, debatido en Bruselas por los ministros del bloque, supone un endurecimiento que muchos comparan con el enfoque restrictivo aplicado en Estados Unidos bajo Donald Trump.
De acuerdo con lo consensuado, los Veintisiete impulsarán un listado de “países seguros” —de origen y de tránsito— para rechazar con celeridad solicitudes y facilitar la repatriación de quienes procedan de naciones consideradas sin riesgo. También se adopta la figura del “tercer país seguro”, que permitiría derivar a solicitantes de asilo hacia Estados no miembros donde puedan presentar su petición.
El danés Rasmus Stoklund sintetizó la lógica del cambio: el objetivo es “rechazar a quienes no tengan motivo para pedir asilo en Europa” y garantizar que “no deben ser los traficantes quienes controlen el acceso al continente”.
En paralelo, se crea una “piscina de solidaridad” dotada con 430 millones de euros para aliviar a los Estados más presionados —Italia, Grecia, Chipre o España—, aunque países como Hungría o Polonia siguen resistiéndose a financiar acogidas o aceptar cuotas.
Bruselas defiende que el nuevo andamiaje “devolverá a los ciudadanos la sensación de control” sobre las fronteras. Organizaciones humanitarias y formaciones progresistas ven otra cosa: una renuncia de la UE a sus propios principios. Desde Amnistía Internacional, la jurista Olivia Sundberg Diez alertó de que la reforma “infligirá un daño profundo a los migrantes y a las comunidades que los acogen”.
El texto pasa ahora a negociación con los 720 eurodiputados, con viento a favor de las bancadas conservadoras y de extrema derecha. Entre los puntos más controvertidos aparecen los llamados “centros de retorno”, un eufemismo para instalaciones de deportación que incluso podrían instalarse fuera del territorio comunitario mediante acuerdos con terceros países, siguiendo una lógica similar a convenios migratorios firmados por Washington con socios regionales.
Especialistas del Migration Policy Institute Europe advierten que esta externalización traslada la responsabilidad europea sobre derechos humanos y puede abrir la puerta a abusos. Uno de sus analistas lo describió como “Es una versión europea del muro de Trump, pero burocrático y legal”.
Con este paquete, la UE intenta cerrar las heridas políticas abiertas desde 2015, cuando el continente recibió a más de un millón de refugiados. El resultado, sin embargo, es un giro decidido hacia la contención y el control: menos acogida, más trámite y más frontera.
