Cientos de mujeres cubanas participaron este martes en una movilización en la capital convocada por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), en un acto que coincidió con el natalicio de Vilma Espín y que estuvo centrado en denunciar las sanciones de Estados Unidos en medio de la crisis energética que atraviesa la isla.
La protesta, reseñada por la Associated Press, reunió a funcionarias, dirigentes políticas y trabajadoras que marcharon con banderas cubanas, consignas contra el embargo y retratos de figuras históricas. El acto fue encabezado por la viceprimera ministra Inés María Chapman, la viceministra de Relaciones Exteriores Josefina Vidal y Mariela Castro. Desde ese escenario, el mensaje fue uniforme: la crisis tiene una causa externa y la respuesta debe dirigirse hacia fuera.
El contexto energético es real. Cuba produce alrededor del 40 % del combustible que consume y depende de importaciones que en los últimos meses han sufrido interrupciones. Eso ha derivado en apagones prolongados, afectaciones al transporte público, dificultades en la producción y tensiones en servicios básicos como la salud. La escasez existe y tiene impacto. Pero no agota la explicación.
En las declaraciones recogidas durante la protesta, varias participantes atribuyeron directamente al embargo la situación actual. Una costurera afirmó que estaba “luchando por el pueblo de Cuba” y pidió al presidente estadounidense que dejara al país en paz. Otra mujer, del sector tecnológico, aseguró que la isla “no hace daño a nadie” y solicitó el fin de las sanciones. El discurso fue homogéneo, sin grietas visibles dentro del espacio oficial.
Sin embargo, cuando se sale del acto y se entra en la vida cotidiana, aparece una realidad más amplia que no cabe en esa narrativa única. Las mujeres cubanas enfrentan una acumulación de problemas estructurales que no pueden explicarse exclusivamente por el embargo ni resolverse señalando a un actor externo. Son dificultades vinculadas a decisiones internas, a políticas públicas incompletas o ausentes y a una institucionalidad que no termina de responder.
Problemas que enfrentan las mujeres en Cuba, que no tienen nada que ver con el bloqueo, y sí con el Estado fallido y feminicida
Un de esos problemas que pudiéramos mencionar es la desprotección legal frente a la violencia de género. Cuba no cuenta con una ley integral que articule prevención, protección y sanción de manera coherente. El feminicidio no está tipificado como delito específico, lo que limita la capacidad de visibilizar y tratar el fenómeno con precisión jurídica. Existen protocolos y programas —que en muchos casos no se aplica—, pero no un marco legal robusto, exigible y centralizado. Esa ausencia no depende del embargo. Es una decisión legislativa inherente al Estado.
La consecuencia directa es que la protección a las víctimas se vuelve irregular. No hay un sistema integral que garantice que una denuncia active automáticamente medidas de protección eficaces. En múltiples casos documentados por plataformas independientes, mujeres que habían denunciado previamente a sus agresores terminaron siendo víctimas de feminicidio. El problema no es solo la violencia; es la falla del sistema en anticiparse a ella.
A esto se suma la falta de refugios estatales. En Cuba no existe una red nacional visible, estructurada y accesible de casas de acogida para mujeres en situación de riesgo. La salida de un entorno violento depende muchas veces de la familia, de amistades o de soluciones improvisadas. En la práctica, eso significa que muchas mujeres no tienen un lugar seguro al que acudir de inmediato y tienen que volver al hogar a convivir con su agresor. No es una cuestión de importaciones o combustible. Es infraestructura social que no se ha construido.
El siguiente nivel del problema es la calidad de la respuesta institucional. Recibir una denuncia no es lo mismo que proteger. Diversos informes señalan la falta de formación especializada en género dentro de la policía, el sistema judicial y los servicios de salud. La consecuencia es que muchas denuncias son minimizadas, mal procesadas o tratadas como conflictos domésticos sin dimensión de riesgo. La revictimización no es un accidente; es una práctica que se reproduce cuando no hay capacitación ni control efectivo.
La prevención también muestra debilidades. Las campañas de concientización contra la violencia de género existen, pero no tienen la escala, la sistematicidad ni la profundidad necesarias para transformar patrones culturales arraigados. No hay una estrategia sostenida y transversal que involucre escuelas, medios, instituciones y comunidades con un mensaje claro de tolerancia cero al machismo, la misoginia y la violencia sexual. El resultado es que la prevención llega tarde o peor: no llega nunca.
Otro punto clave es la opacidad en los datos. Las estadísticas oficiales sobre violencia de género son limitadas, fragmentadas y poco actualizadas. En ese vacío, han sido plataformas independientes como Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba, que trabajan en la clandestinidad y sin apoyo institucional alguno, las que han construido registros de feminicidios. Que la sociedad civil tenga que contabilizar a las víctimas refleja un problema institucional, donde «el bloqueo» no es el culpable. Sin datos claros, no hay diagnóstico preciso. Y sin diagnóstico, no hay política eficaz.
Más allá de la violencia, hay un problema estructural que atraviesa toda la vida de las mujeres: la sobrecarga de cuidados. En Cuba, el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado recae mayoritariamente sobre ellas. Cocinar, limpiar, cuidar niños, atender ancianos, gestionar la escasez, enfrentar apagones, resolver el día a día. Ese trabajo sostiene la vida, pero no se paga, no se reconoce y limita la autonomía económica.
El Estado ha reconocido la necesidad de un sistema nacional de cuidados, pero la implementación está lejos de cubrir la demanda real. Los círculos infantiles siguen siendo insuficientes, con miles de solicitudes sin atender. Las alternativas estatales no alcanzan y las soluciones recaen en redes informales. Esa insuficiencia no es nueva ni coyuntural. Es un déficit acumulado durante años.
En el ámbito laboral, las mujeres enfrentan una doble carga. Muchas combinan empleo formal con responsabilidades domésticas que no se redistribuyen. Además, los salarios estatales no compensan el costo de la vida, lo que empuja a actividades informales o a estrategias de supervivencia económica. Esa presión es mayor en hogares donde la mujer es sostén principal.
También existen denuncias de abuso laboral y falta de garantías. En determinados sectores, incluyendo misiones médicas en el exterior, organismos internacionales han señalado restricciones, coerción y condiciones que limitan la autonomía de las trabajadoras. A nivel interno, la informalidad y la precariedad agravan la desprotección, que a menudo se ejerce desde sus superiores, varones.
La salud no escapa a estas tensiones. La escasez de medicamentos, insumos y condiciones adecuadas impacta en la atención. Dentro de ese contexto, se han documentado prácticas de violencia obstétrica, reconocidas incluso en normativas recientes. Eso indica que el problema no es desconocido. Es un fenómeno identificado que aún no se corrige de manera efectiva. El Estado no sanciona a sus ejecutores.
La discriminación añade otra capa. Mujeres negras, rurales, con discapacidad o pertenecientes a la comunidad LGBTI enfrentan desigualdades adicionales. Tienen menos acceso a recursos, mayor vulnerabilidad económica y menor visibilidad institucional. La falta de políticas específicas que atiendan esas intersecciones profundiza la brecha.
Existe además un límite claro para la articulación de demandas independientes. Las organizaciones feministas autónomas no cuentan con reconocimiento legal pleno, lo que restringe su capacidad de acción. Algunas han denunciado presión institucional y vigilancia. Ese entorno reduce el espacio para exigir cambios y condiciona el tipo de discurso que puede hacerse visible.
Todo esto configura un escenario donde la crisis no es solo económica. Es institucional, social y política. Las mujeres no solo enfrentan escasez; enfrentan estructuras que no responden con la rapidez, la profundidad ni la prioridad necesarias.
En ese contexto, la movilización del martes adquiere otro significado. No fue una protesta espontánea ni una expresión plural de demandas. Fue una convocatoria institucional, organizada, con un mensaje definido y un objetivo claro: señalar a un actor externo como responsable principal de la crisis.
Ese encuadre deja fuera una parte importante de la realidad, porque no explica ni resuelve problemas que dependen de decisiones internas. La ausencia de refugios, la falta de una ley integral, la mala recepción de denuncias, la debilidad de la prevención, la opacidad de los datos, la sobrecarga de cuidados, la insuficiencia de servicios y la desprotección laboral no se corrigen levantando sanciones en los EE.UU.
El uso del natalicio de Vilma Espín como marco simbólico añade otra capa de contraste. Espín fue una figura asociada a la promoción de derechos para las mujeres dentro del proyecto revolucionario. Sin embargo, las demandas actuales de muchas cubanas siguen pendientes o insuficientemente atendidas.
La escena del martes mostró banderas, consignas y un mensaje alineado. También hubo espacio para el consabido postureo en redes, como la protagonizada por Michel Torres Corona y Gabriela Fernández, del programa Con Filo. Ambos, habituales en la descalificación pública de mujeres cubanas con posturas críticas, han recurrido de forma reiterada a campañas de descrédito que buscan erosionar la credibilidad de voces del disenso bajo el argumento de la “manipulación mediática”.
Pero fuera de ese espacio, la vida cotidiana continúa marcada por colas, apagones, falta de servicios, inseguridad y sobrecarga. Son problemas concretos, medibles y persistentes.
La distancia entre el discurso oficial y la experiencia diaria no es nueva, pero se hace más visible en momentos de crisis. Cuando la narrativa se concentra en un solo factor, se reduce la posibilidad de abordar otros.
El acto del martes mostró una dirección del reclamo. La realidad diaria muestra otra lista de pendientes. Ambas cosas coexisten, pero no ocupan el mismo espacio.
Mientras en la plaza se señalaba hacia fuera, dentro del país siguen sin resolverse cuestiones que no dependen de Washington. Y en ese contraste se define, en buena medida, la experiencia actual de las mujeres cubanas.
