La reaparición pública de Andrés Manuel López Obrador para pedir donativos a favor de Cuba ha vuelto a encender en México una discusión que ya venía creciendo por la crisis de la isla, por la cercanía política entre el obradorismo y el gobierno de Miguel Díaz-Canel, y por la opacidad alrededor de la asociación civil elegida para canalizar los fondos. El expresidente llamó a depositar dinero en una cuenta de la organización Humanidad con América Latina para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina destinados al pueblo cubano, en medio del colapso energético y económico que vive la isla. La petición fue respaldada después por Claudia Sheinbaum, que defendió la iniciativa como un gesto de fraternidad hacia Cuba.
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La controversia no tardó en crecer porque la cuenta promovida por López Obrador pertenece a una asociación de creación muy reciente. Distintos reportes en México señalaron que Humanidad con América Latina fue constituida apenas semanas antes de la convocatoria y que obtuvo de forma acelerada la autorización del SAT para recibir donativos. Ese detalle abrió un flanco político inmediato: el diputado panista Héctor Saúl Téllez exigió al SAT aclarar cómo se otorgó esa autorización, si los recursos serán deducibles de impuestos y qué controles existirán para impedir transferencias irregulares a un gobierno extranjero.
El SAT en México es el Servicio de Administración Tributaria. Es la autoridad fiscal del país, equivalente a lo que en Estados Unidos sería el IRS o en España la Agencia Tributaria.
Depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su función principal es administrar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. En términos simples, es el organismo encargado de cobrar impuestos y controlar que empresas, personas físicas y organizaciones cumplan con la ley fiscal.
Entre sus funciones principales están recaudar impuestos federales, supervisar declaraciones fiscales de empresas y ciudadanos, autorizar o negar que ciertas organizaciones reciban donativos deducibles de impuestos y vigilar operaciones financieras que puedan implicar evasión fiscal, fraude o lavado de dinero.
Fue en ese contexto donde TV Azteca metió el dedo en la llaga. Un segmento difundido por Azteca Noticias planteó abiertamente la pregunta de si los donativos son realmente para el pueblo cubano o para la dictadura, y puso sobre la mesa el temor de que la colecta termine apuntalando financieramente al aparato estatal de La Habana en vez de aliviar de manera directa la situación de la población. Esa línea de cuestionamiento coincide con lo que se está discutiendo en la oposición mexicana: no solo el origen y el manejo del dinero, sino la posibilidad de que una cuenta bancaria abierta para esa causa sirva para operaciones poco transparentes o incluso para blanquear recursos bajo una cobertura humanitaria.
El debate también ha provocado fisuras dentro del propio oficialismo mexicano. Aunque Sheinbaum respaldó el llamado de López Obrador, la discusión pública ha mostrado incomodidad incluso entre sectores cercanos a Morena, donde no todos están dispuestos a asumir sin reservas que enviar recursos a Cuba equivale automáticamente a ayudar a los cubanos. La pregunta de fondo es cada vez más incómoda en México: en un sistema como el cubano, donde el Estado controla la importación, la distribución y la comercialización de bienes básicos, ¿cómo garantizar que el dinero no termine reforzando la misma estructura política responsable de la crisis?
A eso se suma otro elemento que agravó la tensión con TV Azteca. Días antes, el embajador cubano en México, Eugenio Martínez Enríquez, acusó a la televisora de mentir y desinformar por un reportaje sobre productos mexicanos vendidos en dólares en Cuba, y defendió que esos bienes no provenían de donativos, sino de operaciones comerciales legítimas. La respuesta oficial de La Habana no apagó la controversia; al contrario, confirmó que el tema ya salió del terreno de la solidaridad retórica y entró en el de la fiscalización política y mediática.
Lo que hoy se discute en México ya no es solo si Cuba necesita ayuda, porque eso resulta evidente ante los apagones, la escasez y el deterioro general del país. Lo que se discute es otra cosa: quién administra esa ayuda, a través de qué mecanismos, con qué controles y con qué consecuencias políticas.
