Alas Tensas confirmó este 3 de febrero dos nuevos feminicidios en Cuba y volvió a colocar en el centro una crisis que no puede leerse como una sucesión de hechos aislados, sino como un sistema que funciona sin registro público, sin estadísticas oficiales confiables y sin una política estatal que asuma la violencia de género como una emergencia. Mientras el gobierno sigue sin publicar datos integrales ni aprobar una ley específica, la documentación de los asesinatos, desapariciones y agresiones recae en plataformas independientes y en redes sociales, convertidas en el único canal de denuncia para decenas de familias.
Las víctimas fueron identificadas como Yaniuska Barrero Machado, de 38 años, atacada por su pareja el 19 de enero en el barrio Alto del Moro, en Las Mercedes, Bartolomé Masó, provincia de Granma, y Yaneisi Quiala Miranda, también de 38 años, asesinada el 30 de enero por su pareja en la localidad de Santa Catalina, municipio Manuel Tames, en Guantánamo. En el primer caso, Barrero se dirigía a su trabajo como directora del museo local cuando fue agredida. En el segundo, el agresor se suicidó tras cometer el crimen. Ambas dejan hijos menores de edad.
El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y el observatorio Yo Sí Te Creo en Cuba indicaron que, con estos dos casos, su registro hasta el 3 de febrero de 2026 contabilizaba seis feminicidios, dos intentos de feminicidio y un asesinato de hombre por motivos de género. A esa cifra se suman doce posibles feminicidios alertados en 2025 y otros casos aún bajo investigación. El subregistro es estructural: no existe una base de datos pública, ni protocolos transparentes para clasificar estos hechos, ni mecanismos de acceso ciudadano a expedientes.
Lejos de tratarse de una excepción, los asesinatos confirmados forman parte de una trama más amplia donde las mujeres desaparecen sin que el Estado ofrezca respuestas claras. En otra publicación, Alas Tensas advirtió sobre el crecimiento “alarmante” de reportes de personas desaparecidas, especialmente mujeres y niñas, cuya búsqueda se traslada casi por completo a grupos de Facebook y WhatsApp. Madres y familiares publican fotos, descripciones, audios y direcciones, mientras las denuncias oficiales se demoran, se fragmentan o se minimizan.
La imagen que acompaña esa campaña, titulada Desaparecidas en Cuba, reúne rostros de mujeres de distintas edades, desde adultas mayores hasta niñas pequeñas. No es un memorial ni una pieza simbólica: es un archivo de urgencia. Cada rostro es una ausencia sin expediente público, una búsqueda sostenida por ciudadanos comunes que no tienen acceso a bases de datos, ni a peritajes, ni a sistemas de alerta estatal.
El mensaje de Alas Tensas es directo: esta situación refleja una desconexión crítica entre las prioridades del aparato policial y las necesidades reales de seguridad. No solo se investiga tarde, sino que muchas veces se investiga en silencio. El vacío institucional empuja a las familias a exponerse públicamente, a arriesgarse, a repetir nombres para que no se diluyan en la nada.
En paralelo, siguen circulando en redes denuncias que no han sido incorporadas a los registros oficiales de los observatorios, pero que comparten una génesis común: la violencia de género. Una de ellas reportó el asesinato de Gertrudis Pelegrín Galván, de 24 años, en Guantánamo, presuntamente a manos de su esposo, sin confirmación institucional pública.
También comenzó a circular, en el mismo ecosistema de alerta ciudadana, la denuncia de una agresión sexual contra una turista canadiense en el polo turístico de Cayo Cruz, Camagüey. Más allá de que el hecho no haya sido confirmado por fuentes oficiales independientes, su aparición no puede leerse como un rumor aislado, sino como síntoma: incluso en los espacios que el Estado cuida como vitrinas —el turismo internacional, las zonas de inversión, los enclaves “seguros”— la violencia sexual empieza a emerger en las redes antes que en cualquier comunicado institucional.
La reacción no fue una nota pública, ni un parte policial visible, ni una explicación a la ciudadanía, sino el mismo silencio que rodea los casos domésticos. La diferencia es que aquí el cuerpo agredido pertenece a una extranjera, lo que rompe la ficción de control que el discurso turístico intenta sostener. Cuando incluso esa violencia se conoce primero por Facebook, lo que queda expuesto no es solo un crimen, sino el colapso del sistema de información y protección.
En Cuba no existe una ley integral contra la violencia de género ni un sistema nacional de protección para mujeres en riesgo. Tampoco existen casas de acogida, órdenes de alejamiento efectivas ni protocolos de actuación públicos. Las cifras oficiales, cuando se mencionan, aparecen fragmentadas y sin metodología clara. En ese vacío, plataformas como Alas Tensas, OGAT y Yo Sí Te Creo en Cuba se han convertido en archivos paralelos de la realidad.
No se trata solo de contar muertes, sino de reconstruir un mapa del miedo: hogares donde la violencia se normaliza, denuncias que no avanzan, comunidades que callan por temor, instituciones que no responden. La violencia feminicida no es un accidente ni un arrebato; es la expresión extrema de un sistema que no protege.
Por eso, cada nuevo nombre no es solo una víctima: es una evidencia. Y cada mujer desaparecida no es una estadística pendiente, sino una pregunta sin respuesta. Mientras el Estado guarda silencio, la memoria se sostiene en manos ajenas. Y en Cuba, hoy, esas manos son las de quienes se niegan a aceptar que la violencia siga siendo invisible.
