La Aduana General de la República de Cuba informó este martes que, a partir de abril de 2026, entrará en vigor un nuevo andamiaje jurídico que cambia la arquitectura interna del organismo y amplía sus funciones en frontera.
El paquete aparece en la Gaceta Oficial No. 7 de 2026 e incluye el Decreto-Ley 108 “De Aduanas”, su Reglamento (Decreto 134) y nueve resoluciones complementarias, presentado por las autoridades como una apuesta por “modernizar” trámites y “garantizar un comercio exterior más ágil, transparente y profesional”.
En la comunicación oficial, la institución enmarcó la reforma dentro de un “proceso continuo de perfeccionamiento institucional” y sostuvo que el compendio “está en armonía con los postulados constitucionales y los estándares internacionales promovidos por la Organización Mundial de Aduanas”.
Uno de los cambios más visibles es que el nuevo Decreto-Ley deja atrás el marco anterior (el Decreto-Ley 162 de 1996 y sus reformas posteriores) y concentra facultades en la dirección del organismo. En la práctica, el jefe de la Aduana queda con margen para crear o suprimir unidades, autorizar regímenes especiales, y decidir sobre retención, decomiso y figuras como el abandono legal o voluntario de bienes a favor del Estado.
El texto también fija atribuciones operativas de amplio alcance. El artículo 14, por ejemplo, reconoce la capacidad de: “Disponer el control aduanero sobre locales, oficinas, almacenes, vehículos y otros medios de transporte, medios de embalaje, personas, y demás bienes y lugares, lo que incluye el registro.”
A la vez, se faculta al organismo para aplicar “la medida cautelar de retención u ocupación de las mercancías, bienes, valores, documentos en soporte de cualquier tipo y medios en que se transportan” hasta que concluya la investigación o se imponga la sanción correspondiente.
En otro punto sensible, la norma establece que las actuaciones aduaneras tendrán “la validez que le corresponde a las ejecutadas por cualquier órgano de instrucción primaria” ante la detección de hechos presuntamente delictivos, reforzando una lógica de intervención que se acerca a funciones típicas de instrucción e investigación.
El Decreto-Ley incorpora un sistema de vigilancia y supervisión sostenida en tecnología, que contempla “la radiológica a personas, sus equipajes, cargas y medios de transporte”, “la canina en mercancías, medios de transporte y personas”, y “el sistema de circuito cerrado de televisión en los recintos aduaneros”.
Además, fija expresamente que el pasajero que se niegue a pasar por el control puede quedarse sin viaje: “La Aduana está facultada para impedir que una persona acceda a un salón estéril o aborde un medio de transporte internacional, si se negara a someterse al control de seguridad.”
La Aduana promete “una mayor facilitación del comercio internacional y nuevas exigencias de seguridad en frontera”, pero el anuncio llega en un contexto donde la economía nacional depende, en buena medida, de importaciones personales, paquetería y envíos familiares para cubrir faltantes cotidianos.
Según el propio Gobierno, durante los 90 días previos a la entrada en vigor se desarrollarán acciones de capacitación y divulgación para “esclarecer dudas, criterios o planteamientos que surjan a través de las personas por las vías de comunicación establecidas”.
Lo que queda claro al leer el enfoque del documento es la prioridad que se le da a la dimensión política de la seguridad. El artículo 12 define: “La Aduana General de la República es la encargada de dirigir, controlar y aplicar la política estatal en materia de aduanas y garantiza, dentro de su jurisdicción y competencia, la facilitación del comercio y la seguridad de la sociedad socialista.”
Y el artículo 13 refuerza la idea al fijar como deber institucional: “Dirigir, controlar y enfrentar, dentro de su jurisdicción y competencia, los hechos que ponen en riesgo la seguridad de la sociedad socialista, la economía y la salida internacional.”
En resumen: bajo el discurso de modernización y eficiencia, el nuevo marco legal redibuja a la Aduana con más poder concentrado, más herramientas de control y una misión que no se limita a lo comercial, sino que se ata explícitamente a la “seguridad de la sociedad socialista”.
