El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) puso en marcha una ofensiva a escala nacional orientada a identificar y detener a inmigrantes acusados de obtener de manera fraudulenta los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Las autoridades federales confirmaron las primeras detenciones de esta campaña sostenida, entre las cuales figura una ciudadana cubana identificada por las iniciales EPR, quien permanecía de forma irregular en territorio estadounidense y contaba con antecedentes por alteración del orden público, agresión y violencia doméstica.
El operativo conjunto del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) incluyó además la captura de los ciudadanos haitianos Rubstony Junior Theodore, Wilbert Jean Baptiste, Louis Jean y Jhensly Charles. Respecto a la imputación por presunto fraude alimentario, el Gobierno no ha precisado los documentos utilizados ni los montos percibidos por los implicados. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, respaldó las acciones e instó a reforzar los controles al declarar: “Estos programas son solo para estadounidenses” (“These programs are for Americans only”), aunque admitió que los primeros arrestos representan apenas “una gota en el océano” dentro de la estrategia de la administración de Donald Trump para fiscalizar los recursos públicos.
A pesar de la intensificación de las investigaciones federales, las normativas vigentes permiten que determinados ciudadanos cubanos accedan legalmente a la asistencia del programa SNAP si reúnen los parámetros socioeconómicos y la condición migratoria requerida. Tras la entrada en vigor de la Ley One Big Beautiful Bill Act en 2025, la elegibilidad quedó supeditada a clasificaciones específicas, destacando la categoría especial Cuban/Haitian Entrant, la cual exime a estos nacionales del periodo de espera de cinco años fijado para los residentes permanentes.
La validez de documentos frecuentes como la orden de libertad bajo palabra (Formulario I-220A) o las solicitudes de asilo en trámite para recibir estos beneficios exige una verificación caso por caso mediante el sistema federal SAVE. Mientras el Departamento de Niños y Familias de Florida (DCF) aconseja a los beneficiarios mantener su información actualizada en los portales oficiales para evitar irregularidades administrativas, los expertos recuerdan que una revisión de rutina no constituye un proceso penal, aunque ante cualquier requerimiento de las autoridades migratorias resulta indispensable contar con asesoría legal adecuada.
 arrestó a una cubana y cuatro haitianos en el inicio de una redada nacional.){kind=link}