La exposición pública de familiares de funcionarios cubanos con vida fuera de la isla volvió a estallar en redes sociales, esta vez alrededor de María Victoria Sifonte Ayup, fiscal jefa provincial de Ciego de Ávila, después de varias publicaciones del activista Henry Ponce Sánchez que la señalan por presunta corrupción, enriquecimiento y por tener a una hija viviendo en México. Lo que ha hecho que el caso escale no es solo el tono de la denuncia, sino el contexto en que aparece: llega apenas días después de que otro episodio muy parecido, el de Melissa Broughton Valdés, hija de una alta oficial de la Policía en esa misma provincia, se convirtiera en noticia dentro y fuera del exilio cubano.
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En el caso de Melissa Broughton Valdés, varios medios reportaron que reside en Tampa desde 2023 y que es hija de Niurka Valdés Figueredo, teniente coronel y jefa de Instrucción Policial en Ciego de Ávila. Los medios vincularon a la oficial con procesos abiertos contra adolescentes detenidos tras las protestas del 13 de marzo en Morón, una ciudad de esa provincia. La controversia creció precisamente por esa contradicción: mientras la madre aparece señalada por su papel en la represión interna, la hija vive en Estados Unidos, el mismo país que la propaganda oficial presenta como enemigo político; y presuntamente desde allí la mantenía (según las denuncias)
Ahora el foco se ha movido hacia María Victoria Sifonte Ayup y otra vez ha sido la misma persona la que ha hecho la denuncia: Henry Ponce.
La propia Fiscalía General de la República y medios oficiales desde la isla la identifican desde hace años como fiscal jefa provincial de Ciego de Ávila. En los medios oficiales aparece siempre defendiendo una línea dura frente a delitos, con énfasis en sanciones severas y prisión provisional.
Sin embargo, fuera de esa «oficialidad», aparecen ahora las acusaciones más graves difundidas por Henry Ponce: que Sifonte Ayup tenga tres casas, que haya robado bienes decomisados, que se haya beneficiado personalmente de expedientes judiciales o que su hija Dayana González se haya ido a vivir a México gracias a dinero obtenido de forma corrupta. A pesar de eso, en uno de los comentarios a las publicaciones, una persona que dijo ser prima de Dayana González negó que hubiera una vida de privilegios y aseguró que la joven emigró a México “con tremendo sacrificio”, después de crecer con carencias como cualquier otra cubana. Esa intervención no prueba nada por sí sola, pero muestra que incluso dentro del debate hay versiones encontradas.
En redes, como suele suceder en casos como este, la denuncia se ha montado sobre una idea que viene repitiéndose en otros casos: la de funcionarios que sostienen el aparato represivo o judicial dentro de Cuba mientras sus hijos y familiares disfrutan de una vida fuera del país; consolidándose así un patrón político y simbólico.
En ambos casos, más allá de lo que pueda demostrarse o no sobre patrimonio y beneficios, el centro del escándalo es el mismo: la doble moral percibida en funcionarios que defienden y ejecutan el control político interno mientras sus familiares se insertan en países capitalistas o fuera del sistema que esos mismos funcionarios ayudan a sostener y que desde allí, presuntamente, los sostienen económicamente.
Paralelo a esto, Henry Ponce Sánchez aseguró en redes sociales que ha recibido mensajes privados desde perfiles que identifica como vinculados a la Seguridad del Estado cubana, en los que —según su versión— intentan intimidarlo para que deje de publicar denuncias contra funcionarios. En el contenido que compartió, afirma que los remitentes dicen conocer su domicilio y amenazan con difundir que habría sido policía en Cuba, una acusación que él rechaza abiertamente y responde con tono irónico, recordando que fue detenido en varias ocasiones dentro de la isla.
Las reacciones a la publicación no se hicieron esperar. Mientras varios usuarios interpretaron los mensajes como una estrategia de descrédito y presión, otros los encuadraron dentro de prácticas habituales para desacreditar a activistas, como la difusión de rumores o la siembra de dudas sobre su pasado. También hubo comentarios que cuestionaron directamente la veracidad de lo expuesto o pidieron pruebas más ordenadas. El intercambio refleja un patrón recurrente en este tipo de denuncias: la mezcla de apoyo, escepticismo y confrontación que suele acompañar los casos que se originan y desarrollan exclusivamente en redes sociales.
