La divulgación de un video de cámara corporal por parte de las autoridades de Miami-Dade reabrió este febrero un caso que desde diciembre venía acumulando preguntas: la muerte de Christopher Barata, un cubano de 21 años, baleado durante un allanamiento ejecutado por un equipo SWAT en una vivienda del suroeste de Miami.
El operativo ocurrió de madrugada, alrededor de las 5:30 a. m. del 2 de diciembre de 2025, cerca de la intersección de Southwest 155 Street y Southwest 102 Avenue, en el área de Palmetto Estates, y estaba vinculado a una investigación de delitos sexuales contra menores que tenía como objetivo a su hermano, Cristian Barata, de 25 años.
Según la secuencia descrita por el Sheriff de Miami-Dade y reflejada en las imágenes, los agentes anunciaron la orden de registro y dieron instrucciones para que los ocupantes salieran de la casa, usando un dispositivo acústico de largo alcance. En el video se aprecia cómo, tras los golpes en la puerta y las órdenes verbales, varias personas abandonan el inmueble sin ofrecer resistencia: un hombre, dos mujeres y un menor. Instantes después, aparece un joven dentro de la vivienda corriendo con un arma corta en la mano. Dos agentes disparan casi de inmediato y el joven cae herido; las autoridades lo identificaron como Christopher Barata y confirmaron que murió en el lugar pese a la asistencia médica posterior.
La sheriff Rosie Cordero-Stutz sostuvo públicamente que los oficiales fueron “confrontados por un individuo armado” y que el uso de la fuerza respondió a esa amenaza. Como establece el protocolo en Florida para tiroteos con participación policial, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) abrió una investigación independiente para reconstruir el hecho y evaluar la actuación de los agentes, mientras el sheriff presenta el caso como un intercambio que se desencadena en segundos, en el umbral entre una orden judicial y una situación letal.
El trasfondo que empuja el operativo, sin embargo, sitúa el caso en un terreno particularmente sensible: la pesquisa contra Cristian Barata por presunta posesión y promoción de pornografía infantil. De acuerdo con reportes de medios locales basados en documentación del caso, la investigación se alimentó de alertas cibernéticas canalizadas a través de mecanismos especializados en delitos en internet contra menores, y derivó en el despliegue de un grupo táctico para ejecutar la orden de registro. Tras el tiroteo, Cristian Barata fue detenido y enfrenta múltiples cargos, mientras el expediente sigue su curso en el sistema judicial del condado.
En paralelo, la familia de Christopher rechaza la lectura oficial. Su madre, Judy Rodríguez, cuestionó que la operación haya tenido que terminar con la muerte de su hijo y pidió que se demuestre la versión policial, insistiendo en que la casa no tenía armas. El padrastro, Israel López, también expresó dudas sobre la narrativa de los agentes y sobre el contexto completo que rodea el momento de los disparos. Esa disputa de relatos —el “hombre armado” frente al “lo mataron sin razón”— es precisamente lo que ahora queda en manos de la investigación externa: cotejar lo que se ve, lo que se oye y lo que no aparece en cámara, desde la planificación del allanamiento hasta la cadena de decisiones tácticas en el interior de la vivienda.
La publicación del video no cierra el caso: lo abre. Con un muerto, un detenido y una causa penal de alta gravedad detrás, la investigación del FDLE será el carril formal para determinar responsabilidades y despejar —o agravar— las sombras sobre lo ocurrido aquella madrugada en Miami-Dade.
