La reciente difusión masiva de un mensaje a teléfonos dentro de Cuba, atribuida al movimiento Cuba Primero y a su líder, el empresario cubanoamericano Armando Labrador, ha abierto un debate que trasciende la intención política del contenido. En la propia pieza se describe que miles de cubanos han recibido textos “por WhatsApp y correos electrónicos” con referencias a libertad y miedo cotidiano, y que Labrador aseguró en entrevista a Univisión Noticias 23 Miami, haber ejecutado una operación “compleja y arriesgada”, incluso dirigida a “números estratégicos”.
Sin embargo, el punto sensible y enseñanza que nos deja este hecho es que se entronca con un plano distinto; humano y necesario.
Esta «infiltración de la red celular», no se reconoce como un acceso directo a la infraestructura de ETECSA, sino más bien de campañas masivas por canales de mensajería (WhatsApp) y correo, que pueden llegar a muchos destinatarios sin necesidad de intervenir el núcleo de la telefonía.
Más allá de la discusión técnica, la enseñanza social es otra: sea por mensajería IP, por correo o por SMS, el hecho es que en Cuba existen vías para alcanzar a mucha gente con rapidez y de forma centralizada o coordinada. Y, cuando se trata de emergencia pública, esa capacidad ya ha sido utilizada con fines meteorológicos y de protección civil: incluso se ha promocionado el envío de SMS a un número corto para recibir información inmediata de ciclones.
Esa constatación alimenta una pregunta incómoda: si es posible activar, desde fuera o desde dentro, una distribución masiva de mensajes, ¿qué impide diseñar un sistema de alertas tempranas para desapariciones de mujeres, niños o adolescentes, o para advertir sobre prófugos peligrosos?
Organizaciones civiles dentro de la isla llevan tiempo (años) pidiéndolo. El Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) ha denunciado la falta de políticas eficaces y la opacidad institucional frente a desapariciones, y ha reclamado respuestas inmediatas que no dependan solo de la solidaridad digital. En Cuba, la búsqueda pública suele arrancar tarde, fragmentada, sostenida por grupos de Facebook, cadenas de WhatsApp y proyectos independientes que compilan alertas, mientras la población carece de un mecanismo oficial equivalente a sistemas de “alerta inmediata” que existen en otros países.
Los ejemplos no faltan: la angustia de familias que buscan a desaparecidos con datos mínimos y sin claridad sobre protocolos, y, por otro, debates explícitos sobre la ausencia de un sistema institucional que active búsquedas rápidas y visibles.
En esa cobertura se ha mencionado el caso de Doraiky Águila como símbolo de una carencia. Al mismo tiempo, campañas como #NoMeOlvides han buscado justamente lo que un Estado podría hacer con mayor alcance: concentrar información verificada, estandarizar descripciones, activar geolocalización aproximada, pedir colaboración sin exponer a familias a la intemperie informativa, y repetir la alerta hasta cerrar el caso.
La pregunta, entonces, deja de ser tecnológica y pasa a ser política y de prioridades. La infraestructura de telecomunicaciones en Cuba es altamente centralizada; existe capacidad de emisión masiva en contextos específicos, y existe también la posibilidad práctica de coordinar campañas amplias por mensajería. Lo que no existe, al menos de forma pública y consistente, es un protocolo nacional transparente para alertas de desaparición y riesgo, con criterios, tiempos y responsabilidades medibles.
La “enseñanza” que deja el episodio de los mensajes enviados por Cuba Primero, no es que cualquiera pueda vulnerar la red, sino que la población vuelve a comprobar lo que ya intuye: la comunicación masiva es posible. Lo que falta es la voluntad del Estado (FALLIDO) —y el marco institucional— para usarla en función de proteger a los más vulnerables en tiempo real.
