Dos denuncias divulgadas en las últimas horas por la plataforma NiO Reportando un Crimen han puesto nuevamente bajo escrutinio a estructuras del Ministerio del Interior (MININT) en Cuba, al exponer señalamientos de corrupción, enriquecimiento ilícito y represalias internas contra funcionarios que intentan desvincularse de ese aparato. Los testimonios, difundidos a través de redes sociales y acompañados de llamados a aportar pruebas, describen un patrón de abuso de poder que, de confirmarse, evidenciaría prácticas sistemáticas de impunidad dentro de la cúpula represiva del país.
El primer caso apunta contra Juan Carlos González Mederos, coronel del MININT, de 61 años, quien se desempeñó como jefe en el municipio habanero de San Miguel del Padrón y posteriormente en Playa. Según la denuncia, el oficial estaría vinculado a negocios irregulares en la zona de La Cuevita, señalada por vecinos como un enclave histórico de corrupción y comercio ilegal. Entre los señalamientos figura la presunta propiedad de un vehículo Willys Jeep valorado en más de 50 mil dólares, un bien incompatible con los ingresos oficiales de un funcionario estatal.
De acuerdo con la información recibida por la plataforma, el automóvil no aparece registrado a nombre del coronel, sino a nombre de su hermano, Eduardo Roberto González, lo que levantaría sospechas de un posible testaferro. El vehículo, siempre según los denunciantes, sería utilizado para rutas turísticas privadas y habría sido detectado con cajas de ron Havana Club de diferentes años, lo que alimenta las acusaciones de actividad económica ilícita, acaparamiento y especulación.
Las denuncias también describen un estilo de mando basado en el autoritarismo y el maltrato sistemático. Subordinados habrían sufrido amenazas, lenguaje ofensivo, retención de bajas médicas y jubilaciones, así como la negativa a garantizar recursos mínimos de trabajo, presuntamente con la complicidad de otros cuadros. La gestión del coronel, afirman, provocó numerosas bajas en las unidades donde fue designado.
El segundo caso divulgado involucra a Lázaro Melian Leyva, exoficial de la Policía Nacional Revolucionaria, actualmente recluido en la Prisión Disciplinaria de Occidente, en El Cotorro. Según su entorno y su propio testimonio, Melian había solicitado formalmente su baja hacía alrededor de un año y medio por razones familiares y económicas: era el único sustento de un hogar con una madre en silla de ruedas, un sobrino enfermo y una hermana dedicada a su cuidado.
Tras meses sin respuesta, el exoficial se presentó en la unidad de Playa para reiterar su decisión. Lejos de recibir una salida administrativa, el entonces jefe, identificado como el propio González Mederos, habría ordenado su presentación ante la Fiscalía Militar, que le impuso prisión provisional por presunta insubordinación. El caso, denuncian sus allegados, forma parte de un patrón de castigos ejemplarizantes contra quienes intentan abandonar el MININT.
NiO Reportando un Crimen llamó a la ciudadanía a aportar testimonios, documentos e imágenes que permitan verificar los hechos. Mientras tanto, los comentarios que acompañan ambas publicaciones reflejan una percepción extendida de impunidad y desprotección institucional, en un país donde las denuncias contra altos funcionarios rara vez prosperan.
