La investigación documenta efectos emocionales, laborales y sociales asociados al aumento de la vigilancia, el miedo a la deportación y la expansión de las medidas de control impulsadas por el gobierno estatal, incluso en familias de varios ciudadanos norteamericanos.
No pocos de los afectados, aunque el estudio no lo señala, votaron por Donald Trump.
Una investigación reciente de la Universidad del Sur de Florida (USF) concluye que el giro punitivo de Florida en materia migratoria está afectando no solo a personas sin estatus legal, sino también a residentes permanentes y ciudadanos estadounidenses que viven en hogares de “estatus mixto”. El hallazgo central del reporte es que el costo de la ofensiva no se mide únicamente en detenciones o procesos, sino en una degradación sostenida del bienestar emocional, físico y económico de las familias, incluso cuando parte de ellas tiene papeles.
El estudio se construyó a partir de entrevistas en profundidad realizadas este año a más de medio centenar de familias en el centro de Florida. A diferencia de trabajos previos basados en encuestas, el equipo optó por conversaciones largas —de una a tres horas— para reconstruir cómo se toma cada decisión cotidiana cuando el riesgo de una parada de tráfico, un control de carretera o una visita a una oficina pública se percibe como una amenaza real.
Los testimonios recogidos y citados en una nota periodística por Axios, describen cambios concretos: familias que dejan de asistir a la iglesia, jóvenes que posponen o abandonan la universidad, y niños que presentan ansiedad, alteraciones del sueño y del apetito. El reporte también identifica un desplazamiento laboral: trabajadores que antes estaban en construcción o agricultura migran hacia empleos peor pagados y a veces más vulnerables a abusos, pero más cercanos a sus casas, para reducir exposición a operativos o detenciones.
El contexto político es parte del cuadro. Investigadores señalan que el “derrame” del miedo se intensificó en 2023 con el aumento de la aplicación de leyes migratorias a nivel estatal, y que en 2025 el gobierno y la Legislatura reforzaron el enfoque con sesiones especiales, nuevas exigencias de cooperación local y expansión de infraestructura de detención. En ese ambiente, la percepción de vigilancia se multiplica: no es solo ICE, dicen entrevistados; es la idea de que cualquier agencia puede participar, destaca por su parte NPR.
En números, Florida alberga alrededor de 1,2 millones de personas indocumentadas, según estimaciones citadas en la cobertura del estudio, y el impacto se concentra en condados con alta densidad migratoria. Para los autores, el punto no es solo describir el temor, sino mostrar cómo ese temor reordena la vida familiar: desde quién maneja hasta quién hace trámites y qué rutas se evitan.
La política migratoria de Estados Unidos en los últimos meses
En los últimos meses, la política migratoria de Estados Unidos ha entrado en una fase de mensajes contradictorios que ha generado confusión y temor, particularmente entre comunidades como la cubana en Florida. Declaraciones recientes atribuidas a Kristi Noem, actual secretaria de Seguridad Nacional, en las que se afirma que ICE concentraría sus arrestos “solo en criminales”, contrastan de forma evidente con lo ocurrido sobre el terreno, donde miles de migrantes sin antecedentes penales han sido detenidos o puestos en procesos de deportación acelerados. Varios de ellos ya han sido retornados a la isla.
El caso de los cubanos con formulario I-220A es uno de los ejemplos más claros de esta disonancia. Se trata, en su mayoría, de personas que ingresaron por la frontera sur, fueron liberadas bajo supervisión y cumplieron con las citas migratorias establecidas. Aun así, en los últimos meses se han reportado arrestos masivos durante comparecencias rutinarias ante ICE, tras años en los que ese mismo documento fue interpretado por las autoridades como una forma de “parole técnico” que permitía cierta estabilidad mientras se resolvían los casos. El cambio de criterio, aplicado de manera retroactiva, ha tenido efectos devastadores para familias enteras.
El problema central no es solo operativo, sino político y jurídico. Cuando desde el Departamento de Seguridad Nacional se envía el mensaje de que la prioridad son los “criminales”, pero en la práctica se detiene a personas sin récord delictivo, con empleo, hijos ciudadanos y arraigo probado, la credibilidad institucional se erosiona. Para muchos migrantes, especialmente cubanos que durante décadas recibieron un trato diferenciado, la sensación es de ruptura abrupta de un pacto implícito.
¿Puede enmendarse esta situación? En teoría, sí, pero no es sencillo. ICE opera bajo directrices internas que pueden ajustarse mediante memorandos, pero también responde a presiones políticas, cuotas implícitas de detención y a un aparato burocrático que tiende a priorizar resultados cuantificables sobre evaluaciones caso por caso. Corregir el rumbo implicaría, como mínimo, emitir instrucciones claras y vinculantes que excluyan explícitamente de acciones prioritarias a personas sin antecedentes penales graves, y revisar los casos de quienes fueron detenidos bajo interpretaciones cambiantes del I-220A.
Sin embargo, el contexto juega en contra. En un clima electoral polarizado y con estados como Florida empujando políticas de línea dura, cualquier gesto de rectificación puede ser leído como debilidad. Eso explica por qué, aun cuando se reconoce en el discurso que lo hecho “ha sido un desastre”, la maquinaria sigue funcionando casi sin frenos.
Más que un problema de intención, el escenario actual revela un problema estructural: una política migratoria incapaz de sostener coherencia entre lo que promete y lo que ejecuta. Mientras esa brecha persista, declaraciones como las de Noem serán percibidas no como un cambio real, sino como un intento tardío de control de daños.
Por lo pronto, ya al menos tenemos una congresista republicana bastante decepcionada con el actuar republicano en materia migratoria. Los otros dos, son un caso aparte.
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