El mismo aparato que en Santiago de Cuba difundió sin verificar la falsa muerte de dos trabajadores por consumir “alumbre”, se presenta en La Habana como un Estado meticuloso que “investiga penalmente” a periodistas y directivos de una plataforma digital. En esa contradicción se desnuda el rigor informativo oficialista: frágil cuando se trata de proteger a la población, implacable cuando se trata de construir enemigos.
En Santiago, la Asamblea Municipal del Poder Popular publicó en Facebook una alerta que aseguraba que dos empleados de la Universidad de Oriente habían muerto tras consumir un producto vendido en la calle como alumbre, que en realidad sería un blanqueador industrial robado de almacenes de Mar Verde. En una ciudad golpeada por el huracán Melissa, con agua turbia saliendo de las tuberías y un aumento de enfermedades gastrointestinales, el mensaje corrió como pólvora entre una población que filtra, hierve y se las ingenia como puede para no enfermarse.
Horas después, la misma página se vio obligada a rectificar: no había muertos, no había confirmación, no había rigor. Todo se redujo a un párrafo defensivo que culpaba al “comunicador institucional” por no seguir las pautas editoriales. El problema estructural –opacidad, falta de verificación, deterioro del control sanitario, una ciudad que bebe agua marrón– quedó intacto. El Estado desinformó en mitad de una emergencia real y luego se limitó a mirarse el ombligo.
El hecho no resulta extraño si analizamos como, al mismo tiempo, a cientos de kilómetros de allí, la Agencia Cubana de Noticias y el sitio oficialista represivo Razones de Cuba presentaban como gran logro de investigación penal la identificación de 18 supuestos “directivos” y colaboradores de la plataforma El Toque, a los que se describe como pieza de una supuesta “guerra cognitiva” y ejecutores de manuales de “golpe suave” y “guerra de cuarta generación”. Se amenaza con reclamarlos vía extradición si pisan terceros países y con hacerlos responder ante la justicia si regresan a Cuba.
En la lista hay de todo: personas que ya no trabajan en El Toque, redactores, diseñadores, gente que, como se dice en Cuba, “ni pinta ni da color” si analizamos todo el «peligro» que, según el régimen cubano, representan; pero a quienes el régimen intenta amedrentar con la promesa de una cacería por toda Europa, donde residen muchos y continente que visitarían otros, supuestamente. Una amenaza que, pretende, chantajearlos de manera emotiva con un «o dejas de hacer lo que haces o no podrás venir a Cuba a visitar a mami y papi», un viejo modus operandi del régimen cubano para callar voces o intentar hacerlo.
No es la primera vez que esto sucede ni es la primera ocasión en que sacan esta desacreditada carta de la manga: hace un año difundieron otra lista de “terroristas” –entre ellos youtubers y creadores de contenido– que serían denunciados ante Interpol. Nada pasó. Es difícil convencer a una policía internacional seria de que perseguir periodistas y opinadores es una causa legítima.
Entre la falsa alarma del “alumbre” y el despliegue retórico contra El Toque hay un hilo común: el uso instrumental de la información. Cuando se trata de admitir la crisis del agua en Santiago o el abandono de ancianos como Teresa Ramis, el Estado improvisa, llega tarde o no llega. Cuando se trata de fabricar enemigos internos y externos, el lenguaje cambia: “investigaciones penales”, “guerra cognitiva”, “terrorismo”, “listas de agresores” y «plataformas de intoxicación mediática». El rigor no aparece donde más se necesita –proteger vidas, ofrecer datos fiables–, sino allí donde el poder intenta blindar su relato.
