El rostro elegido esta vez por el Ministerio del Interior (MININT) para intentar ejemplificar la “tolerancia cero” contra los delitos económicos tiene nombre y apellidos: Humberto Julio Mora Caballero, natural de Camagüey y residente en Miami, señalado como presunto organizador de una amplia red de tráfico ilegal de divisas y remesas familiares hacia Cuba, señala el portal oficialista Radioangulo.
Según un reporte de Radio Angulo que cita a Granma y a la televisión nacional, la investigación se centra en un esquema de “compensación financiera internacional” que, entre febrero y septiembre de 2025, habría movido más de mil millones de pesos cubanos y unos 250 mil dólares. De acuerdo con el teniente coronel Yisnel Rivero Crespo, jefe de Delitos Económicos del órgano de instrucción del MININT, la red operaba al margen de cualquier licencia bancaria y aprovechaba el vacío dejado por los canales formales de envío de dinero tales como la Western Union.
El mecanismo, descrito en detalle por las autoridades, es ya familiar para muchas familias cubanas: en Estados Unidos, intermediarios vinculados a Mora recogían dólares de emigrados que querían hacer llegar dinero a sus parientes en la isla; en Cuba, otros miembros de la red distribuían pesos, calculados según la tasa del mercado informal, tomada de referencia del portal independiente El Toque, que ultimamente vive demonizado por la prensa oficial que intenta hacerlo ver como el culpable – casi a la par del embargo y del ex ministro y presunto espía para la CIA, Alejandro Gil – de todos los males económicos del país.
La operación no se quedaba ahí. Con esos mismos fondos en moneda nacional, el supuesto financista abastecía a un grupo de mipymes —micro, pequeñas y medianas empresas privadas— que compraban mercancías al por mayor. A cambio, debían devolverle en efectivo, tras vender al detalle, tanto el capital adelantado como una comisión. La ganancia, sostiene el MININT, llegaba por partida doble: Mora habría cobrado entre 8 y 12 % a los familiares en el exterior por tramitar las remesas, y un margen similar a los empresarios cubanos por facilitarles acceso a mercancías y divisas.
La primera red vinculada a Mora fue golpeada en julio, con decomisos de efectivo y bienes, además del procesamiento de varios implicados. Sin embargo, siempre según la versión oficial, el entramado fue reconstruido rápidamente “con millones de dólares”, lo que sugiere una estructura más amplia y flexible de lo que dejan ver los noticieros.
Para el Gobierno, estos circuitos causan un daño directo: desvían remesas fuera de los canales estatales, restan liquidez en divisas al sistema bancario y alimentan una economía en efectivo que escapa al control tributario y a los intentos de digitalización de los pagos. En un momento en que La Habana intenta forzar el uso de tarjetas y plataformas electrónicas, el caso sirve para reforzar el mensaje de que el efectivo es sospechoso y que el “mercado paralelo” de divisas constituye una amenaza a la “soberanía financiera”.
Pero detrás del lenguaje de los partes policiales aflora otra lectura. La expansión de redes como la atribuida a Mora no se entiende sin el colapso del sistema formal de remesas, afectado por sanciones de Estados Unidos, las trabas bancarias internacionales y la poca confianza de los emigrados en las empresas estatales que canalizan el dinero. En un país donde el dólar y el euro marcan cada decisión doméstica —desde comprar comida hasta emigrar—, la aparición de intermediarios dispuestos a sortear prohibiciones era casi inevitable.
La investigación contra el camagüeyano en Miami, por tanto, no solo apunta a un presunto delito económico, sino al terreno de disputa donde hoy se juega buena parte de la economía cubana: quién controla la entrada de dinero fresco en una isla en crisis y en qué moneda se mide el valor real del trabajo y de la supervivencia.
