Familiares y amigos de Maikel Seara Padrón, vecino de Nuevitas, Camagüey, denuncian que el joven lleva casi dos años privado de libertad por un presunto robo en el frigorífico municipal, pese a que las pruebas de olor, huellas y rastreo canino dieron negativo, y a que directivos y trabajadores afirmaron en juicio no conocerlo ni verlo en los videos de seguridad.
La familia de Maikel relata un laberinto administrativo: su proceso ha sido pospuesto en varias ocasiones y existe además una notable ausencia de elementos incriminatorios consistentes y la incertidumbre de no saber cuándo habrá una decisión definitiva.
Según la familia, el veredicto prometido dado por las autoridades a ellos de que “en dos meses” se solucionaría su caso nunca llegó, y Maykel aún está preso, siendo trasladado a cada rato de prisión al juzgado y viceversa.
La queja de los Seara no es aislada. Organizaciones internacionales y reportes diplomáticos han documentado detenciones prolongadas y procesos opacos en Cuba, con figuras de prisión provisional que, en la práctica, pueden alargarse sin una sentencia firme. El Departamento de Estado de Estados Unidos señala casos de detención arbitraria y dificultades reales para impugnar la privación de libertad, mientras que opiniones recientes del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU describen “prolongadas detenciones preventivas” con rasgos inquisitivos que vulneran garantías constitucionales.
El marco legal cubano reconoce el derecho a la defensa desde la instrucción de cargos y contempla el nombramiento de abogado aun sin designación del acusado; además, regula la medida de prisión provisional y su control judicial.
Sin embargo, juristas dentro de la isla han advertido sobre la necesidad de reforzar límites y supervisión de esa cautelar para evitar prolongaciones injustificadas y el secreto de las actuaciones más allá de plazos estrictos.
El contexto en Nuevitas añade presión. Tras las protestas de 2022 por los apagones, tribunales de Camagüey dictaron condenas severas a manifestantes, un antecedente que activistas y observadores leen como señal de mano dura y sistemas procesales congestionados. La propia dureza de esas sentencias fue criticada por gobiernos y organizaciones, lo que reavivó el debate sobre debido proceso, transparencia judicial y proporcionalidad de las medidas.
