Aquí y ahora, vivir en Miami es un lujo para demasiados. Casi seis de cada diez inquilinos del área metropolitana están “cost-burdened”, es decir, destinan al menos el 30% de sus ingresos a la vivienda; y cerca de un tercio ya es “severamente” cost-burdened porque paga la mitad o más de lo que gana solo en techo.
No es una exageración periodística: son los datos que enmarca el propio Miami Herald en una conversación con Annie Lord, directora de Miami Homes For All, organización que cumple 40 años empujando políticas de vivienda asequible en el condado, y que aparecen reseñados en Tampa Bay Times.
El termómetro diario de los alquileres acompaña esa presión. Zillow sitúa el alquiler medio de Miami en torno a 3.100 dólares mensuales, por encima de la media nacional. Para que ese precio no supere el 30% del ingreso familiar —la regla básica de asequibilidad— haría falta ganar unos 110.000 dólares al año, muy por encima de los ingresos típicos de Miami-Dade y Broward. La brecha entre lo que se cobra y lo que cuesta quedarse es, en el fondo, lo que explica que muchos inquilinos se queden más tiempo en el mismo piso, reduzcan mudanzas y congelen sus planes de compra.
En los últimos años, la crisis ha producido escenas que más de un medio ha retratado con crudeza: familias que recurren a trailers o incluso a botes amarrados en patios y bahías como alternativa de emergencia ante alquileres formales inalcanzables. Aunque pueda sonar pintoresco, ese parche confirma la magnitud del problema en barrios de fuerte presencia cubana como Hialeah y en la propia ciudad de Miami.
El Estado ha intentado responder con la Live Local Act, una ley que promete acelerar suelo y permisos para proyectos con porcentaje de unidades asequibles, además de incentivos fiscales.
Sobre el papel, es un “game-changer” por su alcance en zonificación; en la práctica, sus resultados iniciales son mixtos y ha recibido críticas por vacíos y por la preeminencia estatal sobre decisiones locales. El caso de desarrollos que combinan vivienda y preservación patrimonial —como el plan que reemplazaría el Clevelander con torres que incluyan unidades asequibles— sugiere que el instrumento puede funcionar, pero no basta por sí solo para cerrar el déficit de viviendas a precios razonables, indica Bilzin.
¿Qué se puede hacer? Lord y su equipo llevan años repitiendo una agenda pragmática: más oferta verdaderamente asequible en zonas bien conectadas; protección de inquilinos frente a desalojos y abusos; y subsidios calibrados para quienes están más presionados por el mercado —hogares por debajo del 60% del ingreso medio del área— donde se concentra la mayor parte del costo habitacional. Sin ese triángulo, Miami seguirá caliente, pero sobre todo para el termómetro de la renta.
