La ofensiva migratoria impulsada por la administración de Donald Trump ha dejado tras de sí un rastro de incertidumbre, temor y pérdida entre las comunidades migrantes en Estados Unidos. Mientras ICE continúa ejecutando redadas masivas y operaciones dirigidas, nuevos casos reflejan tanto la intención del gobierno de expulsar a quienes considera “una amenaza”, como las consecuencias humanas de una política que no siempre distingue entre delincuentes y migrantes en situación irregular.
El 6 de agosto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó en Texas y Florida a dos cubanos con un historial criminal considerable. Osvaldo Rabiero Álvarez, de 72 años, fue detenido en el condado de Jefferson, Texas. En su expediente figuran condenas por tráfico de cocaína y heroína, falsificación, robo y agresión agravada.
ICE @EROHouston arrested Osvaldo Rabiero-Alvarez, a 72-year-old criminal alien from Cuba, Aug. 6, who has been convicted of forgery, trafficking cocaine, trafficking heroin, robbery, and aggravated assault in the U.S. He remains in ICE custody pending his removal from the U.S. pic.twitter.com/VdFPaXv8QI
— ERO Houston (@EROHouston) August 7, 2025
Ese mismo día, en Naples, Florida, fue capturado Andrés Guilarte, acusado previamente de tráfico de cocaína y robo de vehículo motorizado. Ambos aparecen en la lista divulgada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que los ubica entre “los peores de los peores”, una categoría que también incluye pedófilos y pandilleros de otras nacionalidades.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió estas acciones como necesarias para garantizar la seguridad pública. Sin embargo, la aplicación rigurosa y muchas veces inflexible de esta política también ha arrastrado a personas que llegaron legalmente, sin historial criminal, y que simplemente se han visto atrapadas por errores administrativos o lagunas en el sistema.
Uno de esos casos es el de Ariel Figueredo López, un cubano de 35 años que llegó legalmente en abril de 2023 a través del programa CBP One. Durante más de un año construyó una vida en EE.UU.: trabajó en paneles solares en Georgia, repartió comida para Doordash, alquiló una vivienda junto a su pareja y hasta logró sacar tarjetas de crédito con buen puntaje. Sin embargo, tras recibir una multa de tránsito en Arkansas con un error en su nombre, fue a la estación de policía a intentar corregirla. Allí fue detenido y desde hace cinco meses permanece recluido en un centro de ICE en Luisiana, sin fianza y con la amenaza de ser deportado a Cuba, país que abandonó por razones políticas y al que teme regresar.
La historia de Ariel, revelada por El País, ha sido emblemática para mostrar cómo la actual política migratoria está atrapando a personas sin delitos, que llegaron buscando una oportunidad y terminan perdiéndolo todo: hogar, empleo, estabilidad emocional y, en algunos casos, hasta su libertad futura. Su familia ha gastado más de 2.500 dólares en abogados.
Su pareja, Eliani Rusindo, tuvo que regresar a Florida tras perder el auto que apenas habían comenzado a pagar. Las tarjetas de crédito quedaron arruinadas.
“Queríamos comprar una casa, hacer una familia… pero al final lo perdimos todo”, dijo ella.
Casos como el de Ariel no son aislados. Según estadísticas del propio DHS, hay más de 42.000 cubanos deportables en EE.UU., muchos de ellos bajo libertad supervisada, y otros recluidos en centros como el llamado Alligator Alcatraz. Aunque ICE sostiene que prioriza los arrestos de individuos con historial delictivo, las detenciones en cortes de inmigración, estaciones de policía y áreas residenciales han dejado una percepción clara entre activistas y comunidades: nadie está a salvo.
Canadá niega libertad a cubano considerado delincuente peligroso que pide cumplir condena en Cuba
Mientras en EE.UU. se debate sobre quién merece ser deportado o protegido, en Canadá el caso de Guillermo Valle-Quintero ha marcado una línea clara. Este cubano de 61 años, con antecedentes de proxenetismo en Cuba y condenas por intento de asesinato y violencia extrema contra mujeres en Canadá, ha sido clasificado como “delincuente peligroso” y permanece en prisión desde 2015 bajo una sentencia indefinida. La junta de libertad condicional canadiense volvió a negarle recientemente la excarcelación, destacando su falta de remordimiento, su negativa a participar en programas de rehabilitación y el peligro que aún representa para la sociedad.
Valle-Quintero ha pedido cumplir su condena en Cuba, pero las autoridades canadienses consideran inviable su traslado mientras no obtenga libertad condicional completa, algo que parece improbable a corto plazo. Su historial de manipulación emocional, agresión física y amenazas de muerte, junto al impacto duradero en sus víctimas —que aún viven bajo protección judicial— refuerzan la decisión del sistema canadiense de mantenerlo confinado.
Este caso se suma al complejo debate sobre las deportaciones de ciudadanos cubanos con antecedentes penales. Mientras algunos, como Valle-Quintero, enfrentan una custodia indefinida por crímenes comprobados, y aunque algunos arrestos —como los de Rabiero Álvarez y Guilarte— responden a una lógica de seguridad pública, otros como el de Figueredo parecen reflejar una agenda que no distingue entre quienes violaron la ley y quienes solo intentaban cumplirla, y que luchan ahora por no ser devueltos a una isla donde podrían ser castigados por razones políticas. La frontera entre justicia y arbitrariedad sigue difusa, marcada por los contextos nacionales, los sistemas judiciales y las decisiones migratorias de cada país.
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