La fiscal general de los Estados Unidos, Pam Bondi, destituyó el viernes pasado a la fiscal federal Brooke C. Watson, una funcionaria de alto rango en la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Florida.
La medida, según fuentes internas del Departamento de Justicia, forma parte de una purga nacional que ha afectado a decenas de fiscales y empleados vinculados, directa o indirectamente, a las investigaciones contra el expresidente Donald Trump relacionadas con el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y el caso de documentos clasificados hallados en su residencia de Mar-a-Lago.
Watson, de 46 años, fue despedida a través de un correo electrónico breve enviado desde la oficina de Bondi, sin explicación detallada sobre las causas.
La fiscal había trabajado más de una década en el departamento, donde ocupó el cargo de subdirectora de la división criminal. Durante su carrera fue distinguida en múltiples ocasiones, incluyendo un premio otorgado en 2023 por el entonces fiscal general Merrick Garland por su “dedicación excepcional” en desmantelar una red de fraude de préstamos COVID-19 que defraudó cerca de 50 millones de dólares. El año siguiente, recibió otro reconocimiento por su papel en la interrupción de una operación global de ransomware.
Aunque no fue una de las fiscales principales en la causa contra Trump, fuentes cercanas a la exfuncionaria indican que Watson colaboró brevemente con el equipo del fiscal especial Jack Smith, específicamente en el análisis financiero de datos relacionados con el caso del 6 de enero.
Esa colaboración no arrojó evidencia incriminatoria, según aseguran esas mismas fuentes. Sin embargo, su nombre apareció en los registros del equipo especial, lo cual habría bastado para convertirla en blanco de la ola de despidos que ha sacudido al Departamento de Justicia desde el inicio del segundo mandato presidencial de Trump.
“Paradójicamente, está siendo castigada por encontrar pruebas exculpatorias”, declaró un antiguo colega de Watson bajo condición de anonimato. “Es una profesional ejemplar, rigurosa y con una integridad intachable”, en declaraciones recogidas por el Herald.
El despido de Watson se suma al de otros fiscales con historial sobresaliente que han sido removidos por su participación en las investigaciones contra Trump. En enero, fueron despedidos Michael Thakur, fiscal formado en Harvard que integró el equipo de documentos clasificados, y Anne McNamara, exfiscal en Miami que luego se trasladó a Washington para trabajar con Smith. La purga también ha alcanzado a otros funcionarios clave, como el principal consejero de ética del Departamento de Justicia, Joseph Tirrell, cuya remoción fue calificada por medios estadounidenses como “alarmante” y “sin precedentes”.
En Miami, la oficina federal ha experimentado lo que varios observadores describen como una “fuga de cerebros”. Además de las destituciones, múltiples fiscales veteranos han optado por jubilarse o buscar nuevos destinos profesionales. Entre ellos figuran nombres como Joan Silverstein, Bob Senior, Dan Bernstein y Tom Watts-Fitzgerald. “Brooke era la profesional perfecta”, afirmó Silverstein, exjefa de la división criminal. “Una pérdida enorme para una oficina que ya ha perdido demasiado”.
Desde que asumió en enero, Bondi ha insistido en que los despidos se enmarcan en su facultad constitucional como jefa del Departamento de Justicia, aunque ha evitado explicar por qué se han concentrado exclusivamente en personas que tuvieron algún tipo de contacto con las investigaciones contra Trump. Su oficina solo ha informado que Watson estuvo empleada en el cargo entre enero de 2013 y el pasado viernes, y que tiene derecho a apelar la decisión.
La remoción de fiscales con experiencia crítica y el silencioso desmantelamiento del legado del fiscal especial Jack Smith —cuyas causas fueron retiradas tras el regreso de Trump a la presidencia— plantea crecientes preocupaciones entre analistas y juristas sobre la politización del sistema de justicia y la consolidación de una cultura de represalias en el aparato federal.
