Bruce Iam González Marrero, ex presidente del Movimiento Juvenil Martiano de Santa Clara y profesor universitario en Cuba, estaría cerca de obtener la residencia permanente en Estados Unidos, según indicaron distintas fuentes al periodista Mario J. Pentón de Marti Noticias.
El joven, de aproximadamente 27–28 años, cruzó la frontera sur de los Estados Unidos el 9 de octubre de 2022 y solicitó asilo solo tres meses. Incluso antes de entrar a territorio de los Estados Unidos se había lanzado una alerta sobre su presencia al sur e interés de entrar a los EE.UU., pero así y todo logró hacerlo.
El pasado mes de abril el perfil digital de La Tijera había denunciado que González Marrero, de 28 años, estaba en EE.UU. solicitando refugio, señala en una publicación en Facebook la revista Árbol Invertido.
La Tijera, en un post recién publicado en Facebook, aportaba capturas de pantalla de tuitazos del aguerrido joven, mientras se encontraba en la isla; publicaciones donde sobresale una: él parado al lado – y elogiándola – de Susely Morfa, la psicóloga millonaria; ex 1ra Secretaria a nivel nacional de la UJC y recién nombrada 1ra Secretaria del PCC en Villa Clara.
Martí Noticias destaca que tras su llegada a Kentucky, donde ahora reside, borró todas sus cuentas digitales. Sin embargo, activistas, organizaciones, excolegas y hasta víctimas de sus presuntos atropellos y actos represivos, habrían conservado capturas que confirman su rol como operador propagandístico del régimen, aunque Martí señala que también lideró un acto en defensa del régimen castrista y en repudio a los manifestantes del 11 de julio.
Entre las capturas hechas a sus perfiles en redes sociales se expone una relacionada con un evento pro‑gobierno cometido en 2022, en el que González Marrero declaró digitalmente: “Reafirmamos nuestro compromiso con la continuidad histórica, con nuestro comandante [Fidel Castro]” y calificó las protestas del 11J como “disturbios motivados por el enemigo” .
En otra publicación queda recogida su actividad comunicacional agresiva en redes sociales, al más puro estilo del ciberclariato, atacando a periodistas, activistas y miembros del exilio; usando en ocasiones un lenguaje homofóbico y anti‑USA, incluso refiriéndose a diplomáticos de Washington como “gallinas americanas” .
Sin embargo, la denuncia que parece tener más peso al haber sido escrita por una víctima directa es la del activista animalista Javier Larrea, que escribió:
“Hoy reviento, y lo hago con nombre y apellidos. BRUCE IAM GONZÁLEZ MARRERO… formó parte de la comisión que me sancionó injustamente. Yo, estudiante de Derecho… fui condenado por un sistema podrido… y Bruce fue su ejecutor”…
Larrea, presidente de Bienestar Animal Cuba, denunció además que sus perros fueron envenenados en 2021 en Santa Clara, un episodio de represión que él vinculó directamente al entorno universitario controlado por el régimen, en el que – vaya Ud. a saber si no tiene sentido pensarlo – Bruce Iam pudo estar involucrado.
En este entramado de relaciones aparece mencionado por Larrea, Yoandy Riverón, alias “Cristian”, exoficial de la Seguridad del Estado en Villa Clara, con quien Gónzalez Marrero mantenía una relación cercana, según la denuncia hecha por Larrea, la cual recomendamos leer detenidamente aquí debajo, en la que expone frases como estas:
«Yo, estudiante de Derecho, comprometido con la verdad, fui condenado por un sistema podrido… y Bruce fue su ejecutor. Fue presidente de la FEU en Derecho. Fue vocero del régimen. Fue cómplice.»
La denuncia de Larrea expone además el silencio cómplice de muchas personas, jóvenes, periodistas y no, ya residentes en los EE.UU. que conocían de la presecia de González Marrero en el país, y su amistad con el dizque influencer ideológico conocido como «El Necio», y que aparentemente se hicieron de los oídos sordos y del accionar nulo y no lo habían querido denunciar.
Yoandy Riverón
Riverón ha sido denunciado hasta la saciedad por organismos como el Observatorio Académico y periodistas como José Raúl Gallego, por su papel en la persecución en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas . A Riverón se le acusa de haber interrogado y sancionado a activistas como Karla Pérez González (2017) y Dalila Rodríguez (2016‑2017), así como al propio Javier Larrea durante su paso por Derecho (2018‑2020). Incluso su ex‑suegro, según un testimonio recabado por este redactor, lo habría sorprendido “acostado en una cuneta, de noche, vigilando a dos opositores en Camajuaní” hace ya más de una década.
Riverón ahora dirige una MIPYME llamada Merca‑Max SURL (calzado y pollo importado), ostentada como un emprendimiento privado, pero señalada por ser una fachada que aprovecha privilegios vinculados a su pasado como funcionario de la Seguridad del Estado. Gallego lo describe como parte de una “clase privada emergente” respaldada por el régimen, y en su perfil de Facebook se le ve en reuniones con militares de alto rango pertenecientes al MININT.
¿Qué es lo que tenemos ahora? Pues que González Marrero está buscando normalizar su estatus migratorio amparado bajo la Ley de Ajuste Cubano, que otorga green card tras un año de presencia legal continua.
El aporte que hace Larrea ahora resulta fundamental, por cuanto su testimonio pudiera no solo detener el otorgamiento de la green card a González Marrero, sino que además, si lo denuncia como represor, pudiera ser detenido y expulsado de los Estados Unidos.
Este escenario plantea una paradoja inquietante: mientras Bruce González Marrero busca ser amparado por la Ley de Ajuste Cubano, una víctima directa —con evidencia de represión institucional y violencia moral— clama porque le retiren la residencia. El testimonio público de Larrea, respaldado por antecedentes de vigilancia, hostigamiento y envenenamiento de mascotas, junto al protagonismo de Riverón en la represión, exige que las autoridades migratorias estadounidenses revisen este caso con rigor y transparencia.
Repercusión de la noticia
La noticia ha provocado indignación en el exilio cubano. El activista y periodista Jose Luis Tan Estrada expresó que “no es posible que los jóvenes del 11J sigan presos mientras quienes justificaron su encarcelamiento estén aquí, buscando beneficiarse del sistema” . Por su parte, abogados como John de la Vega han advertido que un historial como el suyo podría descalificarlo de los beneficios migratorios, al haber colaborado con un régimen considerado represivo.
Este caso no es aislado: otro exdirigente del mismo movimiento, Orlando Ernesto Pérez Núñez, llegó a EE.UU. en noviembre de 2024, también borró sus perfiles en redes y vive en Kentucky. Según la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, existen al menos mil excolaboradores del régimen en trámite migratorio en EE.UU. Esta realidad ha llevado a legisladores de la Florida a pedir mayores controles para impedir que quienes justificaron represión obtengan ventajas migratorias injustas.
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