El uso del término “campo de concentración” no es gratuito: resume un estado de excepción donde el aislamiento, la vulnerabilidad y la arbitrariedad legal convergen, en un entorno hostil diseñado en la Florida para contener, no para proteger.
Las autoridades de Florida han intensificado su estrategia migratoria y podrían transformar el estado en lo que muchos temen: un campo de concentración moderno, tras la construcción del cada vez más polémico centro conocido como “Alligator Alcatraz”. Este centro provisional se está levantando en un área remota de los Everglades, en un antiguo aeródromo abandonado, con la idea de aprovechar la fauna local –caimanes, serpientes y pantanos– como barrera natural para evitar fugas, recoge El País.
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El fiscal general de Florida, James Uthmeier, promueve la instalación, prevista para albergar unas 5 000 plazas antes de julio, con tiendas de campaña resistentes y remolques, recoge Time. Según estimaciones, operarla costará alrededor de 245 USD por cama por día, lo que equivale a unos 450 millones al año, financiados inicialmente por el estado pero reembolsados por FEMA, según precisa AP.
Sin embargo, justo ayer se conocidó que además de «Alligator Alcatraz», el gobernador Ron DeSantis, refrendado por el fiscal general, explora además otro centro similar en Camp Blanding, cerca de Jacksonville, para reforzar la política estatal de apoyo a la ofensiva federal contra la migración irregular, como indica en un reporte Telemundo51.
Detrás de las preocupaciones por el drama humano, están también las alarmas entre ambientalistas, pueblos indígenas (Miccosukee y Seminole); y mientras los defensores de derechos humanos denuncian la “teatralización de la crueldad”, los ambientalistas denuncian el posible daño irreparable a un ecosistema crucial. Ambas quejas han movido de su silla a la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, quien ha exigido una evaluación ambiental completa, subrayando que el proyecto se ejecuta de forma acelerada, sin el necesario análisis técnico ni consulta pública.
Los críticos advierten que este fenómeno no obedece a “emergencia” alguna, sino a una decisión política deliberada que utiliza fondos de ayuda humanitaria —dirigidos por FEMA— para financiar deportaciones masivas, en lugar de proteger a los más vulnerables. Bajo la presión política de DeSantis y la administración Trump, el centro pretende desalojar inmigrantes —incluidos aquellos acusados de delitos menores— y descongestionar prisiones locales. Sin embargo, para muchas voces, esta medida simboliza una regresión peligrosa hacia métodos que deshumanizan a las personas migrantes y violan derechos fundamentales.
Así, parece absurdo decirlo tras haberlo pensado años atrás. La Florida, santuario de inmigrantes, camina rápidamente bajo la guía republicana más extrema hacia un sistema de detención migratoria que, lejos de ser controlado y humano, adopta una lógica de aislamiento extremo, vigilancia natural y escasa infraestructura más allá de carpas y alambradas. Curiosamente dos de las personas mencionadas aquí, como promotores de este sin sentido, nacieron en los Estados Unidos porque sus padres y abuelos, alguna vez escaparon de otro país.
Esta transformación sistemática de la política migratoria del estado refleja una visión que privilegia la contención masiva y el disuasivo natural sobre la dignidad y los derechos humanos. Florida, tristemente, podría convertirse —y lo está haciendo— en lo que muchos temen: un campo de concentración moderno para quienes buscan refugio, esperanza o simplemente un futuro digno.
