Un fenómeno inusual está teniendo lugar en el condado de Monroe, en el sur de Florida, donde al menos 87 personas permanecen detenidas sin derecho a fianza, según registros públicos revisados este 29 de mayo de 2025. La mayoría de estos arrestados tienen nombres de origen hispano, y varios patrones en común apuntan a la posible existencia de retenciones migratorias además de los cargos penales que enfrentan, aunque en el registro no está espeficado.
La base de datos oficial de reclusos del condado indica que estos individuos se encuentran en condición de “Detenido – sin fianza”, lo que en Estados Unidos es una situación legalmente justificada solo en circunstancias muy específicas, como cuando los cargos son especialmente graves o el acusado representa un alto riesgo de fuga. Sin embargo, lo que llama poderosamente la atención en este caso es que una cifra tan elevada de personas haya sido privada de la posibilidad de pagar una fianza, incluso cuando algunos enfrentan cargos que, en condiciones normales, permitirían su liberación bajo ciertas condiciones.
De los 87 detenidos, al menos 47 tienen apellidos reconocibles como hispanos, como Rodríguez, González, Pérez, Betancourt, Domínguez, Zamora, Naranjo y Valdez. Muchos otros tienen nombres muy comunes entre cubanos y caribeños, como Maikel, Yosvani, Lester y Raúl, lo que sugiere que el porcentaje de arrestados de origen latino podría ser aún mayor. Este predominio de nombres hispanos entre los detenidos coincide con una creciente tendencia en Florida a endurecer las políticas migratorias y a estrechar la colaboración entre las agencias locales de policía y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En casos anteriores documentados por organizaciones de derechos civiles, se ha demostrado que, al negarse la fianza, los acusados son retenidos durante más tiempo, lo que facilita que ICE emita una orden de retención y proceda a su deportación, incluso si el cargo penal no ameritaba una medida tan severa. Esta práctica ha sido criticada por considerarse una forma indirecta de penalizar la inmigración irregular utilizando el sistema judicial como antesala del sistema migratorio federal.
Entre los arrestados en Monroe figuran personas como Luis Naranjo, Raúl Sosa, Yosvani Rodríguez y Daniel Domínguez, todos ellos detenidos desde mediados de mayo y sin fianza asignada.
Lo más preocupante de este caso es que, hasta ahora, a criterio de quien escribe esta nota, que constantemente chequea este tipo de información, no se había registrado en Monroe una situación en la que tantos detenidos permanecieran bajo custodia sin derecho a fianza. El hecho de que esto ocurra en un estado donde las leyes migratorias se han vuelto cada vez más restrictivas, plantea serias interrogantes sobre la transparencia del proceso judicial y la posible instrumentalización de la justicia local con fines migratorios.
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Sin embargo, en el condado de Lee no está sucediendo exactamente igual. Allí, de los tres cubanos detenidos en las últimas horas, a uno de ellos se le impuso una fianza de $670.00 dólares, muy probablemente debido al cargo imputado (de no comparecer en corte). En días anteriores en el caso de un detenido, sí aparecía a su lado la información de que era requerido por ICE.
Los otros dos, Yohandy Avila y Arian Verdecia Parrado, no tienen una fianza establecida hasta este momento.
El primero, de 36 años, fue arrestado por la Oficina del Sheriff del condado de Lee bajo el cargo de posesión de arma o municiones por un convicto, y permanece en la unidad CORE – DORM 08S, en custodia desde el 28 de mayo. Su caso será visto en la Corte del Circuito el 30 de junio.
En cuanto a Verdecia Parrado, de 34 años, fue detenido por la Policía de Fort Myers por un caso de robo a estructura desocupada sin uso de arma, y también se mantiene en prisión, en este caso en el bloque 1F de la cárcel principal. Su fianza aún no ha sido determinada y enfrenta audiencia también el 30 de junio.
Ambos casos comparten el mismo denominador común: aun no tienen una fianza fijada, a pesar de tratarse de delitos distintos y de naturaleza no necesariamente violenta, lo que refuerza la sospecha de posibles detenciones preventivas extendidas por causas migratorias.
Solo el tiempo dirá, en cada caso de estos, qué sucedió exactamente.
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