Ni siquiera se sabe si llegaron a Sudán del Sur, porque las autoridades de allí niegan que haya llegado nadie.
El juez federal Brian E. Murphy, de Boston, dictaminó que el gobierno de Donald Trump violó una orden judicial al deportar a ocho inmigrantes hacia Sudán del Sur, un país en conflicto armado, sin otorgarles la oportunidad de presentar objeciones legales. Según reportó Telemundo, los migrantes fueron notificados de su deportación apenas horas antes del vuelo, sin tiempo para contactar abogados ni presentar solicitudes de asilo por temor razonable.
El magistrado señaló que, incluso si se acepta la versión del gobierno, los inmigrantes tuvieron menos de 24 horas de aviso y “cero horas laborables” para reaccionar. Esto contraviene las garantías mínimas que ordenó previamente, como un plazo de al menos 10 días para acogerse a la protección de la Convención contra la Tortura (CAT). Murphy también ordenó que los deportados reciban entrevistas privadas, con presencia legal, para expresar sus temores, incluso si ya se encuentran fuera de EE.UU.
La Administración Trump justificó su decisión alegando que los inmigrantes eran delincuentes peligrosos, condenados por delitos graves como homicidio y violación, y que representaban “amenazas a la seguridad nacional”. Según Telemundo, el director en funciones de ICE, Todd Lyons, explicó que sus países de origen —Cuba, Laos, México, Myanmar, Vietnam y Sudán del Sur— se negaban a recibirlos, lo que obligó a buscar “terceros países” para su expulsión.
Murphy emitió tres órdenes judiciales tras una audiencia de emergencia. En ellas, reafirmó que cualquier deportación a un país diferente al designado originalmente debe estar precedida por una notificación clara al inmigrante y su abogado, en un idioma comprensible. Además, ordenó que, si no se demuestra temor razonable, debe concederse un nuevo plazo de al menos 15 días para solicitar la reapertura del caso migratorio.
Mientras tanto, las autoridades de Sudán del Sur negaron haber recibido a los inmigrantes. El portavoz de la policía, James Monday Enoka, declaró a AP que si alguno llegase al país y no fuera sursudanés, sería deportado nuevamente.
Este caso se enmarca en una serie de disputas legales sobre las políticas migratorias de Trump, muchas de las cuales han sido bloqueadas o modificadas por jueces federales en respuesta a demandas de grupos de derechos civiles y abogados de inmigración.
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