El activista cubano Dariel Fernández ha solicitado formalmente al expresidente Donald Trump y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que se realice una revisión caso por caso de los cubanos que ingresaron a Estados Unidos bajo el programa de parole humanitario y que ahora enfrentan la posibilidad de ser deportados.
En una carta oficial, Fernández, quien también se desempeña como Recaudador de Impuestos del Condado de Miami-Dade, expuso su preocupación por la inminente cancelación del beneficio migratorio impulsado durante la administración de Joe Biden. Esta decisión, que entrará en vigor el próximo 25 de marzo, pone en riesgo de deportación inmediata a numerosos migrantes, incluyendo muchos cubanos que buscaron refugio en EE.UU. huyendo de la dictadura y la crisis en la isla.
Fernández respaldó la deportación de aquellos que hayan falsificado documentos, mentido o abusado del sistema, pero enfatizó la necesidad de proteger a quienes llegaron con buena fe en busca de libertad. «Estos no son delincuentes», afirmó en su carta, publicada en su perfil de Facebook.
«Son personas que escaparon de la dictadura y la miseria buscando lo que todos valoramos: libertad, seguridad y la oportunidad de trabajar con dignidad», agregó.
La preocupación principal del activista radica en la situación de aquellos migrantes que no lograron presentar a tiempo una solicitud de ajuste de estatus, asilo u otra alternativa migratoria antes del fin del parole. La abogada Claudia Cañizares advirtió recientemente que estas personas tienen apenas 30 días para abandonar el país. «No son 30 días de gracia para presentar una aplicación», explicó.
«Esos 30 días son para salir del país», dijo en declaraciones recogidas por Telemundo51.
En el caso de los cubanos, la Ley de Ajuste Cubano sigue siendo una opción viable para quienes hayan cumplido un año y un día en el país, siempre que hayan iniciado el proceso antes del 25 de marzo. Sin embargo, para quienes no hayan solicitado ningún beneficio migratorio, la deportación puede ser inminente.
Fernández ha insistido en que esta crisis fue originada por la administración Biden, a la que culpa de abrir las fronteras de forma «arbitraria y sin control» por conveniencia política, lo que derivó en un aumento descontrolado de migrantes en el país.
El político ha instado a la comunidad cubanoamericana en Miami y en todo el país a sumarse a su petición para que los casos sean evaluados individualmente.
«Defender la libertad es nuestro deber», afirmó en su publicación en redes sociales.
Tal solicitud ha puesto de manifiesto la necesidad de una respuesta unificada por parte de la comunidad cubanoamericana. Sin embargo, la desunión histórica dentro de este exilio podría dificultar una acción colectiva efectiva.
La comunidad cubanoamericana ha sido tradicionalmente percibida como un bloque político monolítico, especialmente en su apoyo al Partido Republicano. Sin embargo, análisis más profundos revelan una diversidad de opiniones y una fragmentación que ha impedido una cohesión total en temas cruciales. Según un artículo de El Nuevo Herald, esta desunión política ha sido evidente en diversas coyunturas, afectando la capacidad del exilio para influir de manera uniforme en la política estadounidense hacia Cuba, según recoge en este artículo El Nuevo Herald.
Factores como la desinformación y la polarización, y la evidente labor de zapa que durante más de seis décadas ha protagonizado el Castrismo en la isla, han exacerbado estas divisiones. La mal llamada Revolución contribuyó desde un inicio a sembrar discordia y desunión familiar dentro de la comunidad cubana, en la isla; división que se ha exportado al exilio, dificultando aún más la formación de un frente común.
La propuesta de Fernández podría servir como un catalizador para fomentar una mayor unidad dentro de la comunidad cubanoamericana. Al centrarse en una causa común que afecta directamente a miles de compatriotas, existe la oportunidad de superar diferencias y trabajar colectivamente en busca de soluciones. Sin embargo, para que este llamado a la acción sea efectivo, es fundamental reconocer y abordar las divisiones internas que históricamente han limitado la capacidad de movilización del exilio cubano. Un exilio divido entre los llamados «históricos» y los venidos en oleadas posteriores, dentro los que destacan aquellos a los que jocosamente llaman «los migrantes del pan con bistec». Lo más notorio, en el caso que nos ocupa, es que hay una inmensa cantidad de cubanos que llegaron a los EE.UU. como inmigrantes y que actualmente se oponen a que más inmigrantes cubanos como ellos, sigan llegando a los EE.UU.
En este contexto, la comunidad cubanoamericana enfrenta el desafío de trascender sus diferencias y consolidar esfuerzos en pro de una causa compartida. La situación actual demanda una respuesta unificada que refleje la solidaridad y el compromiso con los derechos y el bienestar de todos los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla.
Sin embargo, buena parte de aquellos que se oponen a la llegada de más cubanos a EE.UU. lo hacen en base a la información, ya confirmada, de que muchos de los que han llegado en los últimos cuatro años, son personas que de un modo u otro colaboraron con la implementación y entronización del sistema comunista en la isla. Muchos de los críticos del programa Parole, apoyan la iniciativa de proteger a quienes buscan libertad, pero expresan preocupación por la posibilidad de que exfuncionarios del régimen cubano se hayan infiltrado en el país, aprovechando las políticas migratorias.
Esta inquietud se ha visto reflejada en acciones como la del congresista republicano Carlos Giménez, quien recientemente envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solicitando la investigación y deportación de más de 100 individuos con presuntos vínculos con el régimen cubano. Giménez proporcionó una lista de personas que, según él, «anteriormente respaldaron las brutales políticas de la dictadura de Castro» y que ahora residen en Estados Unidos.
Entre los señalados se encuentran exmilitares, agentes de inteligencia y funcionarios gubernamentales que habrían participado en actos de represión en la isla antes de emigrar. La presencia de estos individuos en territorio estadounidense es vista por algunos como una amenaza a la seguridad nacional y una afrenta a la comunidad exiliada que sufrió bajo el régimen castrista y, aunque duela decirlo, cientos de ellos, tal vez miles, entraron por el llamado Parole.
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La preocupación de Giménez – y del exilio en general – se basa en que estos exfuncionarios podrían haber ingresado al país ocultando su pasado y aprovechando programas diseñados para proteger a quienes huyen de la opresión. En su carta al DHS, enfatizó la necesidad de identificar y deportar a estos individuos para mantener la integridad del sistema migratorio y la seguridad de las comunidades locales.
Este contexto resalta la complejidad del debate migratorio dentro de la comunidad cubanoamericana sobre el programa Parole. Mientras se busca proteger a quienes legítimamente buscan refugio, también existe la necesidad de garantizar que el sistema no sea explotado por aquellos que participaron en la represión que llevó a muchos a huir.
La propuesta de Fernández de una revisión caso por caso podría ser una vía para equilibrar estas preocupaciones, asegurando que se brinde protección a quienes la merecen, mientras se identifica y actúa contra quienes puedan representar una amenaza.
Sin embargo, resulta imperativo señalar que ese intento de identificar y actuar contra quienes puedan representar una amenaza, se enfrenta a un problema. ¿Quiénes se encargarán de hacerlo? La carta que envió el congresista Giménez a la Secretaria de Defensa Nacional se basó fundamentalmente en el trabajo hecho por un grupo, el de Represorescubanos.com, que ahora mismo, debido a los cortes de DOGE se ha quedado sin fondos para continuar haciendo su labor. La revisión caso por caso que propone Fernández exigiría un trabajo mancomunado de personas muy capaces y muy enfocadas – con relaciones, contactos y fuentes – que «por tradición» vista en ese exilio, no son de los que suelen ser llamados a la hora de fomentar grupos de trabajos con fondos federales.
¿Se puede revisar caso por caso de cada cubano entrado por vía Parole? Sí, pero the main picture over here, es que a la administración Trump no le interesa revisar caso por caso, y prefiere cortar el mal de raíz.
Sin embargo, en el supuesto caso que lo reconsidere, habría que tener puntos a considerar tales como «edad», «profesión» y tales, para saber quiénes, como señala Fernández, pudieran haberse «infiltrado» aprovechándose de la brecha fomentada por Biden o al menos colaboraron en la isla con el afianzamiento durante décadas del castrismo, y quiénes verdaderamente vinieron en busca de la libertad. Contar con fuentes de crédito para atestiguar o no, qué hacían en Cuba esos beneficiados por el Parole, también es viable.
Mientras tanto, lo fundamental resulta NO QUEDARSE DE BRAZOS CRUZADOS, pero hacer las cosas BIEN. Abogados de inmigración advierten que someter solicitudes migratorias de forma apresurada podría ser contraproducente, especialmente en el caso de peticiones de asilo frívolas que puedan descalificar a los solicitantes de futuros beneficios. De igual modo, casarse o comprometerse con un(a) ciudadano(a) estadounidense, pudiera ser visto como un intento de realizar un fraude migratorio.
La incertidumbre reina entre los migrantes afectados llegados por Parole, quienes esperan que las autoridades reconsideren esta decisión y se brinde una oportunidad justa a aquellos que, de buena fe, intentaron construir una nueva vida en Estados Unidos.
