Cuba dice que no hay cacería contra las mipymes, pero les tira con todo

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Con el llamado a “pasar a la acción”, el gobernante Miguel Díaz-Canel reiteró ante el Parlamento cubano la voluntad de someter la actividad de los “nuevos actores económicos” a las directrices estatales y la planificación centralizada de la economía.

“El enfrentamiento será contra el descontrol, las ilegalidades, las evasiones tributarias, la especulación, el fraude, vengan de donde vengan. Sean no estatales o estatales las empresas”, aclaró el mandatario.

De igual manera, al anunciar un nuevo reordenamiento en los sectores estatal y no estatal, el primer ministro Manuel Marrero anunció que no habrá una cacería de brujas contra los emprendimientos privados, la realidad demuestra todo lo contrario.

Hay que recordar que el Gobierno topó el precio de varios productos vendidos por las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) hace menos de dos semanas e impuso multas de hasta 8.000 pesos para aquellos que no cumplan la orden. Desde entonces, las ha castigado con todo.

Mientras los economistas aseguran que en lugar de obsersionarse por “corregir distorsiones”, las autoridades de la isla deberían poner los pies en la tierra y mejorar las condiciones de los privados, se han multado a los establecimientos que incumplan con la medida.

En su discurso de cierre de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Díaz-Canel afirmó que “no se fue lo debidamente firme en la exigencia de crear bases normativas suficientemente robustas e integrales para conducir al funcionamiento” de las mipymes.

La falta de regulación de estas formas de gestión, según el mandatario, desató un caos en la economía cubana, disparó la inflación y acentuó la desigualdad en el país.

En definitiva, la saña con la que han hablado de las mipymes Díaz-Canel, Marrero y hasta la hija del Che Guevara, que como otros funcionarios y partidarios del Gobierno han sugerido incluso que dejen de importar, hace parecer que son las culpables de la grave crisis económica en que está hundido el país. 

Multas, ventas forzosas y cierres

En días recientes el Gobierno no solo estableció un pago de aranceles en divisa a las importaciones de las mipymes, sino que también le retiró la licencia de importación a casi un tercio de los negocios privados que estaban autorizados a hacerlo. 

En concreto, prohibió importar a 24 de las 73 empresas aprobadas, “por bajo nivel de actividad y mal trabajo”, que incluyó “barbaridades” y “errores”.

Aunque Marrero aseguró que no existe una cruzada contra los negocios privados, ya que “no estamos para cerrarlos”, pidió a quienes abran un negocio que “contribuyan a la sociedad”.

Además, el funcionario defendió los altos precios de las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) frente al tope establecido para las mipymes, alegando que el Estado compra en mercados caros y con menos beneficios que los empresarios privados.

Marrero admitió que el precio de las tiendas estatales en MLC son más caros que la de algunos productos topados, pero dijo que “es injusto hacer ese análisis” comparativo porque el Estado no compra productos como el pollo o el aceite, en los mismos mercados que las formas de gestión no estatal.

De acuerdo con lo que dijo en OnCuba la economista oficialista Iliana Díaz, las mipymes nacieron en 2021 en un contexto de recesión e inflación, con la Tarea Ordenamiento, que “desordenó la precaria estabilidad monetaria que tenía el país”, y ahora ponen precios altos porque tienen que ir al mercado informal para comprar las divisas.

Como muchos otros expertos, Díaz considera un error gastar energía en perseguir a las mipymes, topar sus precios o controlarlas en extremo. No se trata de emboscarlas con más medidas administrativas ni de verlas como enemigas de las empresas estatales, sino desarrollar políticas que les concedan más autonomía. 

Solo entre los días 12 y 13 de julio, el Ministerio de Finanzas y Precios impuso 4.332 multas a negocios privados violadores de precios, por un valor superior a los 13 millones de pesos, según informó el diario oficialista Granma.

Además, se aplicaron 354 ventas forzosas –187 en La Habana–, 53 retiros temporales de autorización del funcionamiento del establecimiento, y 21 decomisos, mayoritariamente a quienes ejercían de forma ilegal.

Desde la óptica del economista Pedro Monreal, la más reciente sesión del Parlamento confirmó “la persistencia de la estanflación, las escasas perspectivas de recuperación en el corto plazo y la aplicación de un paquete macroeconómico de ‘austeridad’”.

Monreal se preguntó si ya se puede hablar de “un despunte de una ‘ofensiva revolucionaria’ 2.0. “¿Será una mini-ofensiva? ¿Se quedará en ‘disciplinar’ a mipymes y TCP (trabajadores por cuenta propia), o pasarán a mayores?”, cuestionó.

Asimismo, el experto habló de que en los últimos días se han visto “frases ambiguas respecto al sector privado que parecerían expresar la aspiración de conminar encadenamientos con fuerte supeditación de los privados a la empresa estatal”.

Oficialmente, remarcó Monreal, ahora “se promueven mercados bifurcados en Cuba: presión extraeconómica al privado para bajar precios y segmento protegido de entidades estatales con permisividad para mayores precios”.

En cualquier caso, ciertamente es injusto que las tiendas de un conglomerado estatal, “incontrolable para la propia Contraloría”, venda “productos básicos más caros que los privados”.

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