Una jueza federal anuló la política que impedía emitir visas de inmigrante a ciudadanos de 75 países, al considerar que el Departamento de Estado carecía de autoridad para establecer una prohibición colectiva por nacionalidad.
La administración Trump prepara la revocación de hasta 200.000 visas B1 y B2 concedidas entre 2016 y 2026 a personas que posteriormente solicitaron asilo. La cancelación de la visa no equivaldría automáticamente a una deportación.
DHS propone una tarifa adicional de US$103.265 para cada petición H-1B sometida al cupo anual. La medida todavía no está en vigor y afectaría principalmente a los empleadores estadounidenses que patrocinan profesionales extranjeros.
