La pregunta parece sencilla: si Cuba se libera o cambia de forma verificable, ¿qué pasaría con la Ley de Ajuste Cubano? No hay un “interruptor” automático. La Cuban Adjustment Act (CAA), vigente desde 1966, es una ley federal y solo el Congreso puede derogarla o reescribirla. Mientras exista, su diseño jurídico se mantiene: un nacional cubano puede pedir ajuste a residente permanente tras más de un año de presencia física en Estados Unidos, si fue “inspeccionado y admitido” o puesto en parole y cumple los requisitos de admisibilidad.
Lo que sí puede variar rápido, incluso sin tocar el estatuto, es el acceso práctico al beneficio. La CAA depende de esa admisión o parole; si el Ejecutivo restringe el parole, endurece criterios de entrada o eleva el umbral de evidencias para probar admisión/parole, menos personas llegarán a la etapa en que el ajuste es posible, aunque la ley siga vigente. El Congreso quita o reforma; el Ejecutivo puede estrechar el embudo con cambios administrativos.
Si Cuba transita hacia elecciones competitivas, libertades civiles y garantías de retorno, el argumento político que justificó un trato excepcional pierde fuerza: la idea de que el regreso era, por definición, inseguro para la mayoría.
Ese cambio reabre el debate de fondo: si Cuba deja de ser una “excepción” hemisférica, ¿por qué conservar una excepción migratoria? En ese escenario, la intuición de que el Congreso lo revisaría es razonable: habría audiencias en comités y aparecerían proyectos para limitar o redefinir el alcance.
Pero normalizar no implica necesariamente derogar de golpe. En Washington suelen prosperar soluciones intermedias. Una posibilidad es una cláusula de caducidad (sunset) para nuevas entradas a partir de una fecha. Otra es limitar el ajuste a quienes demuestren persecución individual o temor creíble, acercándolo al estándar de asilo. También existe la opción de mantenerlo para reunificación familiar, pero con controles adicionales, para reducir incentivos de abusos, sin romper hogares ya formados.
La política electoral también cuenta. La diáspora cubana conserva influencia en estados competitivos, lo que suele frenar cortes totales y empuja transiciones con “derechos adquiridos” para quienes ya están dentro del proceso. Además, una derogación plena exigiría mayorías, negociación bipartidista y la firma presidencial.
El desenlace más plausible, si Cuba cambia de verdad, de manera estable, realmente, sería una reforma gradual: protección para quien ya está aquí y reglas nuevas, con fecha y condiciones, para quien llegue mañana.
