La aparición de varios menores durmiendo sobre cartones en los jardines del hotel Gran Muthu Habana, en la intersección de 1ra y 70 (municipio Playa), ha derivado en actuaciones de la Fiscalía contra los padres o tutores, según una transcripción oficial donde se habla de radicar procesos penales por “incumplimiento de la responsabilidad parental”.
En el material, replicado en su perfil de Facebook por el periodista cubano Alberto Arego, se invoca el Código de las Familias y el artículo 86 de la Constitución, y se anuncia la coordinación con Trabajo, Educación y la Dirección de Menores para evaluar a las familias y dictar medidas cautelares cuando proceda.
Las imágenes de los niños —algunos de ellos adolescentes— circularon durante días en redes sociales y medios digitales, con reportes que apuntan a que llevaban semanas pernoctando en la zona y pidiendo dinero a turistas y clientes del cercano mercado de 3ra y 70. Diversas coberturas situaron el foco exacto frente al hotel y hablaron de menores que “bajan de barrios pobres” como Marianao.
Tras la viralización, portales independientes informaron que los menores fueron “recogidos” por las autoridades, mientras voceros locales admitían, sin nombrarla, la existencia de mendicidad infantil y una problemática que no sería aislada. En paralelo, perfiles y medios destacaron que el caso puso a la vista la tensión entre la imagen turística del corredor de 1ra y 70 y la precariedad de familias con adultos ausentes (madres encarceladas, padres emigrados, abuelos a cargo), según testimonios vecinales.
El marco legal citado por la Fiscalía describe un itinerario: detección del caso, requerimiento a organismos sociales, evaluación integral del hogar y, si se acredita consentimiento o desatención grave, apertura de proceso penal y aplicación de medidas cautelares. La institución insiste además en diagnosticar la situación económica y de vulnerabilidad de las familias y en documentar problemas de conducta y ausencias escolares previas.
La polémica pública, no obstante, gira en dos ejes. Por un lado, la urgencia de protección inmediata a los menores —retirarlos del espacio público, garantizar alojamiento seguro y seguimiento sanitario—; por otro, la pregunta de fondo: ¿alcanzan los expedientes penales contra los padres para corregir la raíz del problema cuando median pobreza crónica, hacinamiento y redes de apoyo débiles? Artículos y notas recientes han reprochado la tardanza estatal en reaccionar y el énfasis punitivo en familias ya frágiles frente a un fenómeno que habría crecido en la ciudad.
El caso de 1ra y 70 queda como síntoma y alerta. Detrás de las imágenes hay historias de ruptura familiar y carencias materiales que requieren algo más que retirar a los menores del jardín de un hotel: políticas sostenidas de protección, acompañamiento psicosocial y transparencia institucional para que la próxima foto no se repita unas cuadras más allá.
